(Por redacción País Productivo) La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un comunicado en el que reclamó “respeto” hacia el sector productivo, luego de que el presidente Javier Milei calificara a empresarios locales como “ladrones” durante la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso.
Así, el documento marcó la primera respuesta formal de la entidad fabril tras dos días de silencio institucional.
El pronunciamiento se produjo después de una serie de declaraciones del mandatario contra referentes industriales, entre ellos el titular de FATE, Javier Madanes Quintanilla, y el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, donde directamente se los acusó de «ladronzuelos».
En ese contexto, las uniones industriales del norte del país se reunieron con el Comité Ejecutivo de la UIA, encabezado por Martín Rappallini, para analizar la situación del sector. De ese encuentro surgió el documento titulado “Sin industria no hay Nación”, una consigna histórica del entramado manufacturero.
“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, señala el texto difundido por la entidad.
El comunicado agrega que “muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”. Según la central, el escenario impacta con distinta intensidad según el tamaño de las firmas y su localización geográfica.
En un pasaje central, la UIA subrayó: “En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”. Y añadió que “el respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”.
La entidad también respondió a las acusaciones del oficialismo sobre supuestos beneficios derivados de esquemas de protección. “Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”, expresó el documento.
En otro tramo, los dirigentes industriales plantearon que “la industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros”. En esa línea, indicaron que “es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas”.
“El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”, sostuvo la UIA. El texto precisó además que “la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, lo que evidencia que su contribución al fisco es incluso mayor que su participación en el PBI”.
En materia laboral, la central indicó que el sector “genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva”. De acuerdo con esos datos, “más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial”.
El pronunciamiento se conoció tras la exposición presidencial en el Congreso, que recibió el respaldo de entidades como el IDEA y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que no se solidarizaron con la UIA. La central fabril había mantenido un perfil bajo desde la asunción de Milei, incluso frente a cierres de plantas y conflictos sectoriales.
“Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, concluyó el comunicado, que fijó la posición institucional del sector en medio de la controversia.