(Por redacción País Productivo) Era inevitable: Granja Tres Arroyos SA, la principal empresa del grupo avícola más importante del país, pidió la apertura de un concurso de acreedores y busca así evitar la quiebra.
La situación de la empresa, que atraviesa una impresionante crisis financiera y productiva, era básicamente insostenible, ahogada por deudas, pedidos de quiebra y casi todas sus plantas paralizadas.
La presentación fue realizada ante la Justicia Nacional en lo Comercial, apenas unos días después de que WADE, firma que opera la ex Cresta Roja y forma parte del mismo entramado empresario, iniciara un procedimiento similar.
Los registros del Banco Central muestran la magnitud de las dificultades financieras. Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por un monto de $114.425 millones, mientras que sus compromisos con entidades bancarias ascienden a $41.827 millones.
El ingreso al concurso se produjo luego de más de un año de deterioro financiero y productivo y ante la falta de acuerdos con sus acreedores para reordenar las obligaciones. Según estimaciones vinculadas al grupo, el endeudamiento consolidado supera los US$350 millones.
La crisis también tuvo un fuerte impacto sobre la estructura industrial de la compañía. Varias de sus plantas permanecen paralizadas o funcionan por debajo de su capacidad, mientras que el proceso de ajuste implicó reducir cerca de un 25% una plantilla que hasta hace poco alcanzaba a unos 6.500 trabajadores.
Cabe recordar que durante las últimas dos semanas se produjeron 700 desvinculaciones en la planta de Capitán Sarmiento, otras 450 en Esteban Echeverría, correspondiente a WADE II, y 50 en Pilar. A esos recortes se sumaron casi 480 operarios afectados en la planta de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
En la provincia de Buenos Aires continúa vigente la conciliación obligatoria que dispuso la reincorporación de los 1.200 trabajadores desafectados. La medida vence este jueves y ese mismo día está prevista una nueva audiencia entre autoridades bonaerenses, representantes sindicales y la empresa, con la posibilidad de extenderla por otros cinco días.