(Por redacción País Productivo) Los primeros dos años de la gestión de Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación tuvo un claro perdedor: la industria, con la pérdida de empresas, empleos y capacidad productiva.
Según un informe de la consultora Audemus, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 2.436 firmas manufactureras y se destruyeron 72.955 puestos de trabajo en el sector, en un proceso que no muestra señales claras de reversión en el corto plazo.
El dato sobre el cierre de empresas es contundente: en dos años, dejaron de realizar aportes al sistema de ART 2.436 compañías industriales, “lo que refleja su cierre efectivo o su reducción a una actividad mínima”. La cifra equivale a casi el 5% del total de firmas industriales del país y configura, según el documento, “una sangría que pone en perspectiva la magnitud del deterioro del entramado productivo”.
La caída no solo fue intensa sino también sostenida. De acuerdo con el informe, la reducción en el número de empresas se encamina a perforar los mínimos registrados durante la pandemia. En términos históricos, esto implica que la crisis actual está generando un daño “comparable —o incluso superior— al de uno de los episodios más disruptivos de las últimas décadas”.
En materia de empleo, la contracción fue igualmente severa. La industria perdió 72.955 puestos en el período, equivalentes al 6% del empleo manufacturero total. Aunque tras el derrumbe del primer semestre de 2024 hubo un leve repunte que “llegó a interpretarse como un quiebre de tendencia”, esa expectativa se frustró: desde el tercer trimestre de 2025 la caída retomó con fuerza.
El deterioro fue generalizado. El informe subraya que “no hubo una sola rama en la que se crearan nuevas empresas”. Todas las actividades manufactureras registraron cierres, aunque con distinta intensidad. En términos absolutos, las más afectadas fueron la industria textil e indumentaria, los productos metálicos y la fabricación de muebles y otras manufacturas.
Se trata de sectores intensivos en mano de obra, con predominio de pequeñas y medianas empresas, alta exposición a la competencia importada y fuerte dependencia del mercado interno. El documento identifica como causas una “combinación de apertura comercial acelerada, caída del salario real y encarecimiento del crédito”, que operó como “un triple cerrojo sobre su viabilidad”.
En términos porcentuales, varias ramas registraron contracciones superiores al 8% en la cantidad de empresas y, en algunos casos, de dos dígitos respecto de noviembre de 2023. Son niveles que, según el análisis, implican retroceder a situaciones que no se observaban desde la crisis de 2001-2002 o desde la caída industrial del período 2016-2019.
En el plano laboral, la distribución sectorial replicó el patrón de cierres. Textil e indumentaria y productos metálicos encabezaron la destrucción de empleo en términos absolutos. No obstante, hubo excepciones: la industria alimenticia logró un incremento del 0,7% en el empleo, mientras que la farmacéutica y tabaco crecieron 1,4%.
Sin embargo, incluso en los sectores donde el número de empresas cayó menos que el empleo, el ajuste fue profundo. Allí donde la reducción de puestos superó proporcionalmente a la de firmas, el informe concluye que las compañías sobrevivientes “achicaron dotaciones, redujeron turnos o reconvirtieron su operación”. El ajuste fue, por lo tanto, tanto extensivo —cierre de empresas— como intensivo —reducción del tamaño de las que permanecen activas—.
La lectura global es “inequívoca”: el aparato manufacturero perdió una proporción significativa de su tejido empresarial y laboral “sin que se vislumbre, por ahora, ningún mecanismo de reemplazo ni política activa de reconversión productiva que revierta esta tendencia”.
El diagnóstico sobre las causas también es explícito. El documento descarta que se trate de “una corrección transitoria ni del resultado de un shock externo puntual” y atribuye el proceso a “la consecuencia previsible de una política económica que combina, de manera sostenida, tres elementos desfavorables para la producción manufacturera”: tipo de cambio real apreciado, apertura comercial acelerada y ausencia de política industrial activa.
En ese sentido, se sostiene que el esquema cambiario vigente, defendido por el Gobierno como ancla antiinflacionaria, “mantiene al dólar en niveles que erosionan la competitividad de buena parte del aparato manufacturero”. La corrección cambiaria de la segunda mitad de 2025 “atenuó el atraso más extremo, pero se revirtió en el primer bimestre de 2026”, sin recomponer condiciones para competir con importaciones cuyo ingreso “sigue siendo alentado desde la política oficial”.
Además, el informe remarca que desde la conducción económica se ha planteado que la industria que no puede competir sin protección “no debería existir” y que la reasignación de recursos hacia sectores como el agro y la energía es “un proceso deseable”. Esa postura, advierte, implica que “no hay en carpeta ningún instrumento de política que apunte a amortiguar el cierre de empresas, sostener el empleo manufacturero o incentivar la reconversión”.
En el plano internacional, el desempeño argentino también resulta adverso. Con una caída promedio del 7,9% en 2025 respecto de 2023, la industria local registra el segundo peor resultado entre 56 economías analizadas, solo por detrás de Hungría (-8,2%). El informe enfatiza que, a diferencia de otros países afectados por shocks energéticos o tensiones comerciales, en Argentina “la crisis manufacturera responde fundamentalmente a decisiones de política económica doméstica” y concluye: “No es una crisis importada: es una crisis fabricada en casa”.
A la luz de estos datos, las perspectivas no son alentadoras. “Las empresas que cerraron no reabrirán, el know-how y los equipos se dispersan, y los trabajadores que perdieron sus empleos difícilmente los recuperen en el sector”, señala el documento. La destrucción del tejido industrial, advierte, tiene “carácter irreversible en el corto y mediano plazo”, consolidando así un giro estructural en el perfil productivo del país durante los dos primeros años de la actual gestión.