(Por redacción País Productivo) La Justicia santafesina habilitó la posibilidad de que comience un proceso de «cram down» para la cerealera Vicentin, dejando firme la decisión de la misma de no homologar el acuerdo concursal, por lo cual ahora comienza una disputa millonaria entre las empresas que pretendan quedarse con la compañía en default.
Así, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Rafaela decidió no hacer lugar a una apelación de Vicentin y dejar firme un fallo del Juez Fabián Lorenzini de 2023, que tiene a su cargo el concurso preventivo que atraviesa la empresa, en el cual habilitó un proceso de «cram down».
Este proceso implica que firmas interesadas en quedarse con la cerealera – sean acreedoras o no – puedan realizar ofertas, que deberán ser aprobadas tanto por la Justicia como por los acreedores de Vicentin.
Cabe recordar que la agroexportadora incurrió en cesación de pago a finales de 2018 por un monto cercano a los US$ 1.500 millones, siendo perjudicados entidades financieras – en especial la banca pública -, acopios, corredores y productores.
Tras conocerse el default, Vicentin comienza un concurso de acreedores que, tras muchas idas y vueltas, logra alcanzar las mayorías necesarias para dar por cerrado el acuerdo, cuestión que no tuvo el visto bueno de la Justicia santafesina en más de una oportunidad.
De comenzar el «cram down», los interesados tendrán 10 días hábiles a partir de la fecha en la que se ponga en marcha el proceso, para presentar sus ofertas.
En el mercado apuntan a dos grupos de empresas que podrían ofertar. En primer lugar la tríada Bunge-ACA-Viterra que ya se habían presentado en el concurso como interesadas, una vez que se homologue el acuerdo, para quedarse con Vicentin. De hecho, hasta 2024, estás compañías mandaban sus granos para que sean procesados en las plantas de Vicentin con contratos a fasón, manteniendo viva y operativa a la empresa en default.
Los otros jugadores serían la firma Commodities SA, controlada por la corredora Grassi, que fue la responsable, en gran medida, de que el concurso no prospere, junto a CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, que en diciembre pasado adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
“CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cram down. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, dijo en su momento la empresa financiera, lo que da a entender que estas dos firmas harán sus propuestas.
Pero de no prosperar ninguna oferta, lamentablemente, Vicentin iniciará un proceso de quiebra, dejando así a 1.200 trabajadores y cientos de acreedores sin empleo y sin cobrar sus deudas.