(Por redacción País Productivo) La adjudicación de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a encender la polémica.
El Gobierno celebró el resultado de la licitación y aseguró que permitirá reducir un 13,5% los costos logísticos, pero la decisión quedó envuelta en cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y denuncias por supuestas irregularidades en la evaluación de las ofertas.
El Ministerio de Economía informó la adjudicación del contrato al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que se encargará de las tareas de dragado y mantenimiento de la principal vía navegable del país, por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas.
Desde el Gobierno calificaron el cierre de la licitación como un éxito y sostuvieron que el nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad del comercio exterior mediante una reducción inmediata de los costos operativos para la navegación.
La Hidrovía es una infraestructura estratégica para la economía argentina. Según datos oficiales, cerca del 80% de las exportaciones nacionales se movilizan a través de ese corredor fluvial que conecta la producción agroindustrial con los mercados internacionales.
Sin embargo, el proceso licitatorio estuvo acompañado por fuertes controversias. Diversos informes técnicos y presentaciones judiciales advirtieron sobre posibles inconsistencias en los pliegos y en los mecanismos de evaluación utilizados para seleccionar a la empresa ganadora.
Uno de los cuestionamientos más severos surgió a partir de un documento elaborado por especialistas internacionales que analizó el proceso. El informe señaló presuntos problemas vinculados al diseño de la licitación, conflictos de interés y eventuales sobrecostos asociados a la futura concesión.
De acuerdo con ese análisis, también existían dudas respecto de la estructura tarifaria prevista para el cobro del peaje y sobre la forma en que fueron ponderadas las distintas ofertas presentadas por las compañías participantes.
Las advertencias no quedaron únicamente en el plano técnico. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había señalado previamente la existencia de “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento, en el marco de una investigación vinculada a la concesión.
Pese a ello, la administración nacional defendió la legalidad de todo el proceso y sostuvo que la licitación respetó tanto la normativa argentina como estándares internacionales utilizados para este tipo de contrataciones.
Según la evaluación oficial, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos en las instancias técnicas, mientras que la empresa DEME alcanzó 42,14 puntos. En la fase económica ambas compañías habrían presentado propuestas equivalentes, con puntajes idénticos.
El Gobierno destacó además que durante las etapas de análisis no prosperaron impugnaciones contra los actos administrativos del concurso y remarcó que distintas denuncias judiciales fueron rechazadas.
La concesión representa uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los últimos años. Diversas estimaciones oficiales vinculadas al proceso mencionan inversiones multimillonarias destinadas a profundizar el canal navegable, mejorar la señalización y modernizar el sistema de gestión del tráfico fluvial.
Entre los objetivos planteados figura la posibilidad de que embarcaciones de mayor porte puedan operar con mejores condiciones de navegación, lo que permitiría aumentar la eficiencia logística de las exportaciones argentinas.
No obstante, sectores políticos, especialistas y algunos actores del mercado continúan reclamando mayor transparencia sobre los criterios que definieron la adjudicación y sobre los costos que finalmente asumirán los usuarios de la vía navegable.
De esta manera, mientras el Gobierno exhibe la adjudicación como un paso clave para modernizar la principal ruta comercial del país y generar una baja de hasta 13,5% en los costos logísticos, la controversia en torno a las presuntas irregularidades mantiene abierto un debate que promete continuar aun después de la firma definitiva del contrato.