Opinión: Héctor Ferrario – Colectivo INTA
En medio de la cuarta revolución industrial, el sector agropecuario argentino atraviesa un escenario de tensiones y redefiniciones. ¿Qué lugar ocupa el INTA en esta etapa? ¿Qué opinan los distintos actores sobre el rol de la extensión rural?
Vivimos tiempos acelerados, marcados por la digitalización, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología, que están transformando profundamente nuestras formas de producir y organizarnos. El sector agropecuario, agroalimentario y bioindustrial no escapa a este proceso. Es, de hecho, uno de los pilares más dinámicos de la economía nacional.
En esta nota dejamos de lado, por el momento, el análisis del financiamiento, los mercados o los medios de comunicación. Nos centraremos en los actores del sistema, sus roles, tensiones y propuestas en la coyuntura actual.
Dos modelos, dos agendas
En el escenario actual coexisten al menos dos grandes bloques que expresan intereses y visiones diferentes – y a veces complementarias – del agro.
Por un lado, las entidades gremiales agrupadas en la Mesa de Enlace (SRA, CRA, CONINAGRO y FAA), que priorizan un perfil exportador centrado en los commodities.
Su agenda pone el foco en la eliminación o reducción de retenciones, la presión impositiva – también a nivel provincial y municipal , y en demandas vinculadas a la infraestructura y los caminos rurales.
Por otro lado, la Mesa Agroalimentaria (FECOFE, Bases Federadas, UTT, MNCISomos Tierra, FONAF), que expresa a los sectores vinculados al “campo que alimenta”, con énfasis en el mercado interno, la soberanía alimentaria y la integración de las economías regionales.
Esta agenda suma temas como la tenencia precaria de la tierra, los contratos de alquiler, el fortalecimiento del cooperativismo y la logística. También abordan el debate sobre retenciones, pero
planteando que sean diferenciadas según la escala de producción.
Organizaciones técnicas: Entre lo Público y lo Privado
Entre los actores técnicos se destacan dos redes de origen privado con fuerte impronta tecnológica: AACREA, con décadas de trayectoria, y AAPRESID, surgida a fines de los años 80. Ambas impulsan investigación y transferencia tecnológica para un determinado perfil de productor más capitalizado, de mayor escala.
En el ámbito público, el INTA sigue siendo un actor central. Aunque su historia y funciones son ampliamente conocidas, hoy está en el centro del debate debido a las políticas que el actual gobierno impulsa para reducir o cerrar agencias de extensión, estaciones experimentales e institutos de investigación.
El ministro Caputo ha manifestado su intención de “achicar” el INTA (ver nota en Clarín, 17/06/2025), mencionando cifras de personal y de sedes, además de las declaraciones del ministro Sturzenegger semanas anteriores. Esto provocó una fuerte reacción desde diversos sectores de la sociedad, que salieron a respaldar al organismo.
¿Sigue siendo necesaria la extensión rural?
Algunos consultores del sector privado sostienen que, en un contexto de alta conectividad y presencia de redes como AACREA o AAPRESID, la extensión rural pública ha perdido relevancia. Sin embargo, en la reciente jornada de AADER, el debate sobre el rol de la extensión rural en la era digital se retomó con fuerza. Participaron expertos nacionales e internacionales, además de productores de distintas regiones.
La extensión rural no es simplemente un canal de transmisión de tecnologías. Es un proceso educativo no formal que desarrolla capacidades y construye conocimiento en diálogo entre técnicos, productores, investigadores, empresas y asesores. Hoy, con las aplicaciones como WhatsApp, redes sociales o plataformas digitales, se consolidan comunidades de intercambio y uso cotidiano de información. En Colombia se las llama foros temáticos; en Chile, comunidades de práctica.
Del sistema Chacras a Cambio Rural: experiencias concretas
El INTA ha desarrollado acuerdos con organizaciones del agro empresario, como el convenio con AAPRESID desde 2016 para apoyar técnicamente el sistema Chacras. También AACREA forma parte de los espacios de gobernanza del instituto. Sin embargo, estas experiencias llegan a menos del 10% de los
establecimientos agropecuarios del país.
Una experiencia diferente y más abarcativa fue el programa Cambio Rural, destinado a pequeños y medianos productores que articuló esfuerzos públicos y privados. A lo largo de sus años de funcionamiento participaron más de 50.000 productores, se formaron 5.000 técnicos, se promovió el asociativismo y se constituyeron decenas de cooperativas y grupos de desarrollo.
Innovación situada: una clave para pensar el futuro
En un país tan diverso como Argentina, no toda información ni toda tecnología sirve por igual para todos. Las condiciones agroecológicas, el acceso a infraestructura, el capital disponible, el nivel tecnológico o la cultura productiva generan escenarios muy distintos.
Por eso, el concepto de innovación situada resulta clave: se trata de adaptar el conocimiento a las condiciones reales de cada territorio.
Aquí, el sistema de extensión rural cumple un rol fundamental, articulando saberes y promoviendo procesos de construcción colectiva con los actores locales.
Escuchar antes de desarmar
Sabemos que la gestión pública exige tomar decisiones en contextos difíciles y con poco tiempo. Pero también sabemos que destruir estructuras que funcionan puede tener consecuencias irreversibles. Por eso, antes de avanzar con recortes, es fundamental escuchar, dialogar e informarse.
El INTA cuenta con espacios institucionales de participación y gobernanza: su Consejo Directivo, los Consejos Regionales y los Consejos Asesores de cada Estación Experimental y Agencia de Extensión Rural.
Son espacios diseñados precisamente para garantizar el diálogo entre el Estado, la producción, la ciencia y otros referentes territoriales.
Además, el respaldo social no es menor: ya se han reunido cerca de 30.000 firmas en apoyo al organismo (ver campaña en Change.org), y miles de voces se han manifestado en radios, redes y medios en defensa del INTA.
El INTA, con su gobernanza participativa, su autonomía, su anclaje territorial y su articulación con el sistema científico y productivo, es una herramienta estratégica para el desarrollo argentino.
No es momento de achicarlo: es momento de fortalecerlo, repensarlo y actualizarlo. Pero siempre desde el diálogo, la escucha y el respeto por una institución que, desde hace décadas, construye soberanía
tecnológica y alimentaria en nuestro país.