(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional dispuso hoy la fusión del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) para crear un megaorganismo que pasará a llamarse Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Así, a través del decreto 452/2025, se reglamentó la medida que ya había sido aprobada a través de la Ley de Bases, y los organismo contarán con 180 días para terminar de materializar la fusión.
Además, el megaorganismo, que seguirá funcionando bajo la tutela de la Secretaría de Energía, «gozará de autarquía, independencia funcional y presupuestaria; como así también de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título».
Por otro lado, «será dirigido y administrado por un Directorio integrado por cinco miembros, uno de los cuales será el Presidente, otro el Vicepresidente y los restantes serán Vocales, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desregulación del mercado eléctrico
En paralelo, y a través del decreto 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Gobierno Nacional definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico que «beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave». Dicho de otra manera, desreguló el mercado eléctrico.
Los principales puntos de la medida son los siguientes:
● Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
● Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para «promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo».
● Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.
● Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
● Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.