(Por redacción País Productivo) El Gobierno presentó un proyecto para recortar los subsidios al gas en zonas frías que podría afectar a cerca de 4 millones de usuarios, con descuentos que hoy van del 30% al 50% y que implican un costo creciente para el sistema energético.
La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia oficial de reducción del gasto público y apunta a modificar el esquema vigente de subsidios energéticos.
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 y pasó de cubrir unos 850.000 hogares a alcanzar aproximadamente 4 millones de usuarios en todo el país, lo que equivale a cerca de la mitad de los clientes de gas por red.
Ese esquema otorga actualmente descuentos del 30% en la tarifa de gas, que pueden elevarse al 50% en el caso de jubilados, beneficiarios de programas sociales y sectores vulnerables.
El nuevo proyecto busca recortar esa cobertura y volver a un esquema más acotado, enfocado principalmente en las regiones originales del sur del país, donde las condiciones climáticas justifican mayores subsidios.
De avanzar la iniciativa, el impacto podría ser significativo: se estima que millones de usuarios perderían total o parcialmente el beneficio, con incrementos en las facturas en plena temporada invernal.
“El objetivo es ordenar un esquema que se expandió sin financiamiento sostenible”, señalan en el entorno oficial, donde advierten sobre el costo fiscal del programa.
Actualmente, el régimen se financia mediante un recargo sobre las tarifas que pagan otros usuarios, que pasó de 4,46% a más del 6% en los últimos años, sin lograr cubrir completamente el gasto.
En ese contexto, el Gobierno evalúa reducir la cantidad de beneficiarios y limitar los descuentos, en línea con su política de ajuste de subsidios energéticos.
La iniciativa también se inscribe en un proceso más amplio de reducción del gasto estatal: en 2024 ya se recortaron subsidios energéticos por unos US$2.700 millones en los primeros meses de gestión.
Desde el oficialismo sostienen que la ampliación del régimen generó distorsiones, como un aumento del consumo de gas en las zonas subsidiadas de hasta 7% en los últimos años.
Además, cuestionan que el beneficio se haya extendido a regiones con climas menos extremos, lo que diluyó su objetivo original de compensar bajas temperaturas.
En paralelo, el proyecto podría incorporar criterios más estrictos de segmentación, priorizando ingresos y condiciones socioeconómicas para definir quiénes mantienen el subsidio.
La discusión también incluye el impacto distributivo: en algunas provincias, como Buenos Aires, más de un millón de hogares están alcanzados por el régimen actual.
Con descuentos que hoy llegan al 50% y un universo de millones de usuarios, la redefinición del esquema de Zona Fría se perfila como uno de los cambios más sensibles en la política tarifaria.
El avance del proyecto abre un nuevo frente de debate político y social, en un contexto donde el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal mientras redefine el alcance de los subsidios energéticos.