(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear el denominado “Súper RIGI”, un nuevo régimen orientado a captar inversiones millonarias en sectores tecnológicos y estratégicos que, según el Ejecutivo, podrían redefinir la matriz productiva argentina durante las próximas décadas.
La iniciativa ingresó al Congreso mediante el Mensaje N.º 181/2026 y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. El texto propone la creación del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”.
El proyecto apunta exclusivamente a emprendimientos de gran escala. Para acceder a los beneficios, las compañías deberán comprometer inversiones mínimas de US$ 1.000 millones, una cifra que coloca al esquema entre los programas de promoción más ambiciosos de los últimos años.
El oficialismo busca replicar el modelo del RIGI aprobado en 2024, aunque con foco en actividades de alto desarrollo tecnológico. Según datos oficiales, bajo el régimen anterior se anunciaron inversiones por cerca de US$ 81.000 millones, aunque hasta ahora sólo se habrían concretado desembolsos por poco más de US$ 700 millones.
La propuesta establece un paquete de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios diseñado para reducir costos y otorgar previsibilidad regulatoria por un período de 30 años. El Gobierno considera que ese horizonte de estabilidad es clave para atraer capitales internacionales.
Uno de los puntos centrales del texto es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% para los proyectos adheridos. Actualmente, la alícuota corporativa general supera ese porcentaje, por lo que el beneficio representa una rebaja significativa para las empresas.
Además, el esquema contempla amortización acelerada de inversiones, devolución de IVA mediante certificados fiscales y la posibilidad de computar quebrantos impositivos sin límite temporal, medidas orientadas a mejorar la rentabilidad de proyectos de gran magnitud.
El proyecto también prevé exenciones sobre derechos de importación y exportación, una herramienta que busca facilitar el ingreso de equipamiento tecnológico y potenciar la competitividad de futuras exportaciones industriales.
En materia cambiaria, las empresas podrán acceder progresivamente a la libre disponibilidad de divisas generadas por exportaciones. El porcentaje habilitado será del 20% tras el primer año, del 40% luego del segundo y alcanzará el 100% desde el tercer año de exportaciones.
Otro de los incentivos incluidos es una reducción de contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones laborales creadas bajo el régimen, con el objetivo de estimular la generación de empleo especializado.
Entre los sectores considerados estratégicos aparecen inteligencia artificial, producción de semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno, gas natural licuado, baterías de litio y reactores nucleares modulares.
El texto oficial sostiene que Argentina perdió competitividad durante décadas debido a la presión tributaria, la volatilidad económica y las restricciones cambiarias. En ese contexto, el Ejecutivo plantea que el nuevo régimen podría posicionar al país como receptor de inversiones tecnológicas globales.
La iniciativa define como “nuevas actividades económicas” a proyectos industriales o de servicios que tengan impacto transformador sobre la estructura productiva nacional y que actualmente no existan en el país o permanezcan en una etapa experimental.
El proyecto aclara que no podrán adherirse empresas que sólo busquen ampliar operaciones ya existentes. El objetivo oficial es impulsar actividades completamente nuevas y evitar que compañías instaladas utilicen el régimen únicamente para obtener ventajas impositivas.
Las inversiones deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento adherido al sistema. De esa manera, el Gobierno apunta a individualizar los beneficios y el control de cada iniciativa.
Otro requisito establece que las compañías deberán ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida dentro de los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
El plazo inicial para ingresar al programa será de cinco años, aunque el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de extenderlo por un año adicional si considera que existen condiciones para ampliar la convocatoria.
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto involucra a provincias y municipios. El texto exige que las jurisdicciones adhieran formalmente al régimen para que las empresas puedan acceder a los beneficios previstos.
Además, la iniciativa establece que cualquier norma provincial o municipal que contradiga los beneficios otorgados por el esquema podría ser considerada “nula de nulidad absoluta”, un punto que anticipa posibles debates políticos y judiciales con gobernadores e intendentes.
El Gobierno sostiene que el “Súper RIGI” busca acelerar inversiones estratégicas, incrementar exportaciones y generar cadenas de proveedores locales en torno a industrias de alta complejidad tecnológica. Con el ingreso del proyecto a Diputados, el oficialismo abre ahora una nueva discusión parlamentaria sobre el alcance de los incentivos, el impacto fiscal y el modelo de desarrollo industrial que propone para los próximos años.