(Por redacción País Productivo) La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas, además de un esquema que reduzca en un 50% las multas y los intereses en determinados casos.
El planteo incluye un plan de facilidades de pago de hasta 48 cuotas para deudas acumuladas hasta el 31 de mayo de 2026.
La solicitud fue presentada luego de que el Gobierno anunciara el envío al Congreso de un proyecto para modificar la denominada Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que busca introducir cambios en el régimen tributario y en los mecanismos de fiscalización.
Desde la entidad empresaria sostienen que las pymes atraviesan una coyuntura compleja, marcada por la debilidad del consumo y las dificultades para sostener la actividad, por lo que consideran necesario implementar medidas transitorias de alivio fiscal.
Uno de los puntos centrales del pedido consiste en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas durante el período de espera que contemplaría la futura normativa. Según la propuesta, las sanciones quedarían en suspenso mientras el contribuyente regulariza su situación.
Asimismo, CAME propuso que, cuando la obligación intimada sea cancelada dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo de espera, la multa correspondiente se reduzca en un 50%. Sólo en caso de incumplimiento definitivo debería aplicarse la sanción plena prevista por la legislación vigente.
La organización también pidió que se interrumpan temporalmente las ejecuciones fiscales y los embargos que pesan sobre las empresas del sector, al considerar que la reforma impulsada por el Ejecutivo tiene un fuerte componente tributario y podría modificar las condiciones actuales de cumplimiento.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, resumió la posición de la entidad al señalar: “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas”.
El dirigente agregó que la propuesta incluye “una condonación del 50% de los intereses devengados” y una financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones atrasadas.
Además, el esquema impulsado por la entidad empresaria contempla incorporar las deudas vencidas hasta el 31 de mayo de este año, junto con planes de pago que actualmente se encuentren vigentes y otros que hayan caducado.
La preocupación del sector pyme se produce en un contexto en el que numerosas empresas aún enfrentan restricciones financieras derivadas de la caída de ventas registrada en distintos rubros durante los últimos meses.
En paralelo, distintas cámaras empresarias vienen siguiendo de cerca las discusiones sobre una eventual reforma tributaria más amplia, un debate que también ha sido mencionado en informes y recomendaciones de organismos internacionales.
Para CAME, la combinación de menos sanciones, suspensión de embargos y mayores facilidades de financiamiento permitiría sostener el entramado productivo y mejorar la capacidad de recuperación de miles de pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el país.
La definición final quedará ahora en manos del Gobierno y del Congreso, donde deberá discutirse el proyecto oficial. Mientras tanto, el sector empresario busca que las medidas de alivio fiscal se apliquen de manera inmediata para evitar que las dificultades de liquidez deriven en nuevos cierres, pérdida de actividad o mayores problemas financieros para las pymes.