(Por redacción País Productivo) El aumento de los concursos preventivos encendió una nueva señal de alarma sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Según datos difundidos por Industriales Pymes Argentinos (IPA), durante 2025 se registraron 190 aperturas de procesos concursales en la Ciudad de Buenos Aires, frente a 82 casos en 2023, lo que representa un salto del 131,71%.
La entidad advirtió además que en el primer trimestre judicial de 2026 ya se iniciaron 92 expedientes y alertó que este año podría superar incluso los niveles críticos observados durante la pandemia.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, sostuvo que el deterioro del entramado productivo se profundiza a un ritmo mayor al previsto y reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional para evitar un cierre masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, afirmó Rosato.
El dirigente empresario pidió al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención inmediata ante lo que definió como una “crisis terminal” del sector pyme. También exigió al Congreso que avance con el tratamiento de proyectos de emergencia económica destinados a frenar ejecuciones judiciales y quiebras.
Rosato remarcó que las cifras difundidas corresponden únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y advirtió que aún falta relevar el impacto en el resto del país. “No hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, expresó.
El análisis fue presentado junto al titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien alertó sobre un posible colapso judicial y productivo derivado de la multiplicación de procesos concursales en el sector manufacturero.
Según el informe elaborado por el área legal de IPA, entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 cerraron 24.437 empresas en la Argentina. El documento también indicó que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo como consecuencia de la desaparición de unidades productivas.
Pizzano sostuvo que el escenario económico provocó además una fuerte retracción de inversiones. El reporte señaló que la caída de la actividad derivó en una pérdida neta de inversión extranjera directa, algo que calificó como un hecho “histórico y sin precedentes” en las últimas dos décadas.
En paralelo, varias compañías multinacionales resolvieron abandonar el país, mientras que otras firmas locales modificaron su funcionamiento para sobrevivir al nuevo contexto económico.
“Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”, explicó Pizzano al describir el proceso de transformación que atraviesan numerosas empresas nacionales.
El informe destacó que la situación financiera de las pymes tiene además un impacto creciente en los tribunales comerciales. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña, durante 2025 se contabilizaron 190 concursos preventivos, muy por encima de los 106 registrados durante el momento más crítico de la pandemia.
La tendencia se aceleró todavía más en el inicio de 2026. Entre febrero y abril ya se abrieron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que, según IPA, supera la totalidad de expedientes iniciados en cada uno de los años comprendidos entre 2021 y 2024.
El trabajo también advirtió sobre el aumento de la capacidad ociosa en la industria, que actualmente alcanza el 40,2%. Para la entidad, esta situación implica una pérdida significativa de capital inmovilizado y de maquinaria sin utilización productiva.
Pizzano señaló que el impacto más grave no se limita a las pérdidas económicas de las empresas. “Más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y micro entorno de las empresas”, sostuvo.
Frente a este escenario, IPA propuso avanzar con una legislación de emergencia inspirada en antecedentes como la Ley 25.563. La iniciativa contempla la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de plazos de exclusividad y mayores facilidades para acceder a soluciones preventivas.
“El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, afirmó Pizzano. Desde IPA advirtieron finalmente que cualquier alivio judicial resultará insuficiente si no se produce una recuperación del mercado interno, del consumo y del poder adquisitivo que permita reactivar la producción y sostener el empleo.