(Por redacción País Productivo) La Justicia de Santa Fe resolvió en las últimas horas intervenir la cooperativa láctea SanCor debido a reiterados y graves incumplimientos en el marco del concurso preventivo que la empresa atraviesa desde febrero de este año.
La medida fue dispuesta por el juez en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, Marcelo Germán Gelcich, quien ordenó la designación de un coadministrador judicial por un plazo inicial de dos meses, con posibilidad de prórroga, a pedido de la sindicatura.
La función recaerá en la contadora Lucila Inés Prono, quien podrá desempeñarse junto a un equipo de hasta seis colaboradores. Según el fallo, tendrá amplias atribuciones de representación, administración y auditoría dentro de la compañía.
Si bien la gestión cotidiana de SanCor continuará en manos de sus autoridades naturales, cualquier acto con impacto patrimonial o contable carecerá de validez sin la intervención conjunta de la coadministradora judicial.
Además, Prono estará habilitada a ingresar a todos los inmuebles donde opere la firma o se desarrollen actividades vinculadas a su producción, con facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública, solicitar habilitación de feria, exigir documentación e información a la empresa, empleados o terceros, y coordinar acciones con la sindicatura.
Los fundamentos de la intervención se apoyan en una serie de incumplimientos sostenidos, entre ellos la falta de pago de salarios y la ausencia de respuestas adecuadas a los requerimientos de información formulados por la Justicia.
En ese marco, el juez destacó tres situaciones críticas señaladas por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control, comenzando por una marcada “reticencia informativa”, ya que la cooperativa no habría presentado datos claros sobre el funcionamiento de sus plantas, contratos, niveles de producción, comercialización ni destino de los ingresos.
Otro de los puntos centrales es la profunda crisis laboral y previsional: se informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo del año, además de la presunta utilización de recibos de sueldo con información falsa para eludir aportes a la seguridad social, causa por la cual ex presidentes de la firma ya fueron procesados.
Finalmente, la resolución judicial menciona la falta de acreditación de pagos correspondientes a créditos prontopagables vinculados a un fideicomiso, una situación que habría sido formalmente notificada a la empresa el pasado 17 de diciembre de 2025.