(Por redacción País Productivo) La cooperativa láctea SanCor, que supo ser la principal empresa del sector pero que ahora se encuentra atravesando un concurso de acreedores, está a punto de quebrar tras el rechazo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lácteas (Atilra) al plan de crisis presentado por la firma.
Pero el rechazo no fue el punto central de la cuestión, sino que el sindicato solicitó la quiebra con continuidad de la explotación, una figura legal que permite que continúe en actividad la cooperativa pero con otra administración.
Según indicaron desde Atilra, el plan presentado es «inviable», por lo cual ahora el juez Guillermo Adrián Valés, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, deberá decidir si hace lugar al pedido del sindicato o da luz verde al plan de crisis presentando por la firma.
El plan presentado por el directorio de SanCor contempla una reducción del 32,5% del personal, pasando de 936 a 632 empleados, además de la venta de activos improductivos y una reconversión del modelo de negocios orientada al procesamiento de leche para terceros.
Para Atilra, esta propuesta carece de «sustento económico y laboral», sobre todo porque en dicho plan, SanCor reconoce que no cuenta «para cumplir con las obligaciones salariales ni para sostener el nivel de actividad».
Es por eso que piden «la quiebra con continuidad productiva». figura que permite que siga activa SanCor bajo control judicial hasta que se encuentre un nuevo operador.
Por su parte, los apoderados de SanCor defendieron la propuesta como un plan de reestructuración integral destinado a ordenar la cooperativa, reducir costos y garantizar la continuidad productiva.
Además, argumentaron que el proceso iniciado en 2017, que incluyó la venta de plantas, marcas y retiros voluntarios, permitió mantener en funcionamiento las principales unidades y que el nuevo esquema busca completar ese camino.
Por último, la empresa afirmó que procura normalizar los pagos salariales a medida que recupere actividad y firmó contratos de procesamiento con terceros.