(Por redacción País Productivo) El Gobierno sufrió un duro revés en el Senado, que aprobó un aumento del 7,2% para la jubilaciones y pensiona, sumado a un bono de $110.000. En medio de su distanciamiento con los gobernadores, el Presidente Javier Milei ya hizo saber que vetará la norma.
El proyecto fue aprobado con 52 votos afirmativo, cero negativos y cuatro abstenciones. La oposición logró reunir el quórum necesario para avanzar con proyectos que incomodan al gobierno de Milei. Tras un largo debate reglamentario, en el que la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo presente, y apenas un puñado de alocuciones sobre los proyectos previsionales, la oposición sancionó el proyecto que actualiza los haberes previsionales y el bono.
Lo cierto es que el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), están generando una fuerte preocupación en el equipo económico del Gobierno.
Aunque hay diferencias significativas entre las estimaciones oficiales y las del mercado, todos los cálculos coinciden en que su implementación pondría presión sobre las cuentas públicas y complicaría el rumbo fiscal trazado por el Ejecutivo.
Desde economía estiman que, de aplicarse todas estas medidas durante 2026, el costo fiscal totalizaría el 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, un 2,1% corresponde a iniciativas previsionales, como el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la nueva moratoria, y el restante 0,4% a ATN y coparticipación del ICL.
Ese nivel de gasto sería incompatible con el objetivo de superávit primario del 2,2% del PBI que el Gobierno necesitará alcanzar el próximo año para lograr equilibrio financiero. Incluso en 2025, con las medidas aplicadas a partir de la segunda mitad del año, ya se estima que el impacto fiscal reduciría notablemente el margen disponible para cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI.
Sin embargo, consultoras privadas trazan un escenario más moderado. Según un estudio de Analytica, el costo fiscal de las medidas para este año sería de 0,49% del PBI, compuesto por un 0,31% por las medidas previsionales y un 0,18% por los cambios en ATN e ICL. Para 2026, ese impacto escalaría al 1,12% del PBI.
Por su parte, la consultora Invecq calculó que las mejoras previsionales costarían 1,2% del PBI en forma anualizada, a lo que se sumarían 0,2% por la moratoria previsional y 0,3% por programas vinculados a la discapacidad, elevando el total a 1,7% del PBI. Según su análisis, este nivel de gasto sería incompatible con el equilibrio fiscal: «Reduciría el resultado primario al punto de no alcanzar para cubrir el pago de intereses», advirtió el informe.