(Por redacción País Productiva) El campo argentino vive hoy una cuenta regresiva: la rebaja temporal de retenciones vence el 30 de junio para los granos gruesos. Esto significa que la soja, el maíz, el girasol y el sorgo volverán a tributar lo mismo que en enero, que en los números implica un 20% promedio más que lo que aportaron entre febrero y junio.
Así las cosas, la soja pasaría de tributar los actuales 26% al 33% y el maíz lo haría del 9,5% al 12% original, mientras que el trigo y la cebada se mantendrían en el 9,5% hasta marzo de 2026, medida que fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero que todavía no fue oficializada en el Boletín Oficial.
Con la certeza de que las retenciones volverán a subir en soja, el campo se ilusionaba con un premio menor, pero premio al fin: que el Gobierno extienda la medida de rebaja para el maíz, por lo menos, hasta septiembre, ya que todavía resta levantar la mitad de la cosecha, y, al mismo tiempo, representa un costo fiscal infinitamente menor que en soja, estimado en US$ 90 millones, mientras que mantenerla para la oleaginosa significaría una merma en la recaudación cercana a los US$ 650 millones.
Esta última probabilidad comienza a desvanecerse. Si bien la Mesa de Enlace plantea la necesidad de que la medida se extienda para todos los cultivos, hizo especial hincapié en el maíz. Particularmente, fue el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino, quien habría acercado el pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada.
No obstante, dicho pedido no sería considerado, por lo que la totalidad de los granos gruesos volverían a sufrir una suba en la alícuota. Según el diario La Nación, fuentes oficiales indicaron que la extensión de la rebaja sería solo para trigo y cebada, «nada más», algo que aclaró Caputo ni bien anunció la medida el mes pasado.
Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en la actualidad, con el presente nivel de retenciones, el estado se queda con el 63,6% de la renta agrícola, siendo en soja este valor del 65,9% y en maíz de 53,4%.
De no prosperar el pedido de las entidades agropecuarias, la presión tributaria avanzaría a un promedio nacional del 67%, con 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol, indicó FADA, cuestión que podría agravarse si los precios internacionales bajan.
Más allá de que el campo espera el decreto sobre trigo y cebada y aguardan con ansias que el maíz sea incluido, los exportadores dan como un hecho que la suba se dará, por lo cual apuran las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para aprovechar el beneficio.
Según el director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño, en lo que va de junio se registraron un total de 13 millones de toneladas, un valor muy alto para un solo mes.
De ese total, 4,4 millones de toneladas corresponden a harina de soja; 2,1 millones a poroto de soja; 1,3 millones a aceite de soja; y 4,2 millones a maíz.
Además, se espera que la liquidación de divisas se ubique en torno a los US$ 6.000 millones en junio, una cifra de magnitud, pero queda la incógnita de qué sucederá con los negocios de exportación e ingreso de dólares a partir del 1° de julio, cuando las retenciones vuelvan a los valores de enero.
Y otra pregunta radica en cuál va a ser la relación con el campo si no aplica, al menos, una prórroga en maíz. Los comunicados de las entidades de base y regionales sobre la necesidad de su eliminación o extensión de la rebaja son cada vez más asiduos, elevando el tono. Y en todos ellos le recuerdan al Presidente Javier Milei su promesa de campaña y, sobre todo, que en más de una oportunidad dijo que este impuesto «es un robo».
Hay que ver la «muñeca política» del Gobierno en este sentido. El campo tiene afinidad con Milei, pero una nueva suba de retenciones sin duda desgastará el vínculo. Así, no tener un «gesto» – o una «señal» como gusta decir en el sector – respecto al maíz sería una equivocación política para con un «aliado» del oficialismo.