(Por redacción País Productivo) El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que ve “altamente improbable” que el Gobierno considere una reducción, ya sea parcial o total, de las retenciones aplicadas a granos y subproductos durante el próximo año, debido al esquema fiscal que la administración nacional proyecta para 2026.
Idígoras explicó que la conducción económica fue “muy clara” al fijar como prioridad un fuerte anclaje fiscal, basado en alcanzar un superávit equivalente a 2,5 puntos del PBI. Según señaló, los números que se desprenden del proyecto de Presupuesto y de la evolución de las cuentas públicas dificultan cualquier margen para revisar los derechos de exportación en el corto plazo.
Aun así, el dirigente —también titular del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)— sostuvo que esta perspectiva no debería desalentar al sector, sino que los distintos actores de la cadena productiva deben “mantener el reclamo activo” y continuar planteando alternativas que permitan aliviar la presión impositiva.
Idígoras remarcó especialmente la situación del trigo y la cebada, para los cuales, afirmó, una eliminación o una baja significativa de retenciones sería viable, ya que su impacto fiscal es acotado. Recordó que ambos cultivos ya se encuentran implantados y que, además, la sobreoferta global está presionando a la baja los precios internacionales. Sin embargo, consideró que las metas de superávit fijadas por el Gobierno vuelven poco probable que se otorguen regímenes transitorios o reducciones específicas, aunque mencionó que otros sectores, como el petrolero, sí lograron avances.
En este contexto, Idígoras describió un escenario en el que la administración nacional parece concentrar sus esfuerzos en promover el desarrollo de Vaca Muerta, priorizando a la industria hidrocarburífera por encima de otras actividades productivas.
Según su visión, mientras el agro —al que definió como la “Vaca Viva”— está en condiciones de duplicar sus exportaciones sin necesidad de subsidios, el Gobierno apuesta a consolidar hacia 2028 o 2029 un polo energético que pueda aportar alrededor de US$ 20.000 millones de ingresos netos anuales.
El dirigente recordó que solo la exportación de cereales y oleaginosas genera más de US$ 30.000 millones por año, pero sostuvo que la estrategia oficial busca crear un segundo motor económico. Destacó también que la minería ha obtenido importantes ventajas mediante el RIGI, un régimen que no contempla a las actividades agrícolas.
Frente a este panorama, Idígoras afirmó que el sector agroindustrial insiste en la necesidad de contar con un marco propio que impulse inversiones. Por ello, adelantó que ya iniciaron conversaciones con legisladores para promover una ley específica que permita dotar de mayor competitividad y previsibilidad a toda la cadena productiva.