(Por redacción País Productivo) La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF, luego de incorporar al expediente el fallo favorable al Estado nacional que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito dictó el 27 de marzo de 2026.
La resolución permite cerrar el proceso en primera instancia y elimina, por ahora, uno de los mayores pasivos judiciales que enfrentaba el país en el exterior.
La decisión, conocida como amended final judgment o sentencia definitiva modificada, adapta el pronunciamiento original de Preska a lo resuelto por el tribunal de segunda instancia. De esta manera, queda formalmente anulada la obligación de indemnizar a los antiguos accionistas minoritarios de la petrolera, que había sido establecida en septiembre de 2023.
El fallo de la Cámara de Apelaciones representó un cambio decisivo para la estrategia judicial argentina. Los magistrados consideraron que los reclamos por incumplimiento contractual presentados por los demandantes no tenían sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable. Con ese argumento, revocaron la sentencia que responsabilizaba al Estado por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía.
El origen de la controversia se encuentra en la decisión de nacionalizar YPF, durante la cual el Estado argentino no realizó una oferta pública para adquirir las acciones de los inversores minoritarios. Preska había interpretado que esa omisión vulneraba las disposiciones del estatuto de la empresa y justificaba el pago de una indemnización multimillonaria.
La nueva resolución tiene consecuencias económicas relevantes, ya que deja sin vigencia una condena que superaba los US$16.000 millones. Mientras se mantenga el fallo de la Cámara de Apelaciones, la Argentina no deberá afrontar el pago de ese monto por el reclamo en cuestión, lo que reduce una de las contingencias judiciales más importantes para las cuentas públicas.
Sin embargo, el cierre del expediente en el juzgado de Preska no significa que toda la disputa haya terminado. Los demandantes, entre ellos las sociedades Petersen Energía y Eton Park, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión que favoreció al Estado argentino.
En el litigio también tiene un papel relevante Burford Capital, una firma internacional especializada en financiar procesos judiciales que adquirió derechos económicos vinculados con el reclamo. La compañía tiene interés en recuperar el valor de la demanda, aunque la continuidad de sus expectativas depende de que prospere la impugnación del fallo favorable a la Argentina.
El máximo tribunal estadounidense deberá resolver primero si acepta intervenir en el expediente. La presentación del recurso no implica que la Corte Suprema vaya a revisar necesariamente el fondo de la controversia: para que eso ocurra, deberá admitir el caso y avanzar con su tratamiento.
Si los jueces rechazan el pedido de los demandantes, se mantendrá vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones y quedará consolidada la eliminación de la condena de US$16.100 millones. Si, por el contrario, aceptan analizar el expediente, se abrirá una nueva etapa judicial cuyo desenlace todavía es incierto.
La resolución de Preska, por lo tanto, constituye un avance significativo para la Argentina, tanto por sus implicancias financieras como por el resultado judicial obtenido en Estados Unidos. No obstante, hasta que se resuelva la presentación ante la Corte Suprema, el país todavía deberá seguir la evolución del litigio para conocer si el fallo favorable queda definitivamente firme.