(Por redacción País Productivo) La Jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que lleva adelante el juicio por la nacionalización de YPF, decidió hacer lugar a un pedido de los demandantes y ordenó transferirle a estos el 51% de las acciones clase D de la empresa.
Los beneficiarios en cuestión son Burford y Eton Capital, quienes compraron los derechos de supuestas partes perjudicadas por la expropiación de la compañía por parte del gobierno de Cristina Fernández en 2012.
Este pedido de embargo de la mayoría de las acciones de la empresa estatal se realizó tras la sentencia dictada por Preska que ordenó a Argentina a pagarle a dichos fondos buitre.
En este sentido, pidió en ese momento que el país deposite una garantía por ese monto sumado a un supuesto crédito por la construcción de Yacyretá que Argentina tendría con Paraguay.
Sin embargo, el Gobierno realizó dicho depósito, por lo cual Preska decidió ordenar al país transferir los activos, fallo que Argentina apelará.
Al respecto, Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, explicó en su cuenta oficial de X: “Cuando asumió Javier Milei, la Argentina debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación que inició en octubre de 2023″.
«La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, pero, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, agregó.
Además, esta decisión de Preska no tomó en cuenta la carta enviada por la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual le recomiendan a la jueza que no embargue acciones que no se encuentran dentro de su jurisdicción.
Cabe recordar que las acciones en manos del Estado están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y que no tiene estos activos operando en Nueva York.