El economista fueguino defendió el régimen de promoción industrial golpeado por la liberación de la importación de celulares que decretó el Gobierno. El empleo, la soberanía nacional y la necesidad de una transición fueron los ejes de la conversación con País Productivo Radio.
La decisión oficial empuja a los productos que cimentan a la economía de Tierra del Fuego hacia una competencia casi sin beneficios y desempolva el debate sobre el mantenimiento –o no- de un sistema que rige en el extremo sur del país desde hace más de 50 años. Juan Pablo Deluca, especialista en Economía Política y habitante de la isla, explicó que, si bien el esquema de incentivos fomenta el fortalecimiento de grupos empresarios, el proceso de diversificación se está ejecutando y “no se puede tirar a la basura de un día para el otro”.
Se trata de una discusión en la que la razonabilidad atraviesa el hilo conductor de las dos posturas. Los detractores del régimen de promoción industrial pelean en contra del costo que tiene para las arcas argentinas mantener los beneficios fiscales. Ponen el foco en el tiempo transcurrido desde su imposición y no comprenden por qué los locales no consiguieron fortalecer su actividad regional para no depender del ensamble de productos electrónicos.
En la vereda contraria, los residentes de la isla resisten con temor a perder puestos de trabajo de calidad. Otro dato no menor en el hacen hincapié tiene que ver con los avances en la lucha por la soberanía de Malvinas que se basan en la ocupación efectiva del territorio. “Trabajar en las islas es hacer patria”, sostuvo el economista local en la entrevista con País Productivo.
“Liberar completamente las importaciones en este contexto de guerra comercial es fusilar a la industria. Eso mismo es lo que está sucediendo acá. Bajar los aranceles a cero, que es lo que propone el Gobierno nacional, significa dejar en la calle a 3.500 trabajadores directos de las empresas que están radicadas en la provincia por el marco de la promoción. Todo esto en un lugar estratégico en términos geopolíticos”, reclamó Deluca.
A modo de respuesta en un debate virtual, Leandro Mora Alfonsín, economista e integrante del equipo de País Productivo Radio, sostuvo: “Lo que tiene que primar es una estrategia de desarrollo productivo. Una vez que están dadas las condiciones y las actividades están en marcha, la clave es plantear una mejora del esquema”. Dentro de su planteo es vital incentivar la explotación de las bondades de la zona como un trampolín económico y sustentable.
“La medida del gobierno no modifica el régimen, sino que reforma una cuestión arancelaria”, insistió el columnista del programa y aseguró que una salida pacífica sería la ampliación de la gama de negocios en Tierra del Fuego. “Hay que diversificar la matriz productiva de la isla, tiene que haber una capacidad de absorción de esos 2.000 trabajadores. En definitiva, hay que defender puestos de trabajo y no el ensamble de teléfonos”, sentenció el especialista porteño.
La clave de la sustentabilidad
El relato especializado de Mora Alfonsín se ubica en un sendero intermedio de razonabilidad entre quienes celebran la medida del Gobierno nacional y los defensores acérrimos del régimen de incentivo a la producción local. Entiende que luego de tantos años de beneficios deberían haberse sentado bases sólidas que sostengan la economía provincial frente a una reforma impositiva como la que impone el Gobierno de Javier Milei.
“Lo que necesita el régimen de Tierra del Fuego es un perfilamiento hacia las actividades que tienen que ver con el aparato productivo de la provincia. La pesca, los reparadores navales, el negocio de astilleros, la energía, son rubros que podría promover el régimen y que no son el ensamble de celulares que tiene un costo enorme en materia fiscal y de cuenta corriente”, agregó.
Deluca no niega esa posibilidad. El fueguino explica que los esquemas de incentivos iniciados en los ’70 –como el de Manaos en Brasil o el de México- han tenido sus modificaciones. “En 2021 tuvimos una gran reforma de la promoción. A partir de ese momento las empresas destinan el 3% de su facturación a un fondo para reinvertir obligatoriamente en otros proyectos”, agregó el entrevistado.
En negativo, el economista de Río Grande recordó la ineficacia de ese cambio. “Hay sin ejecutar alrededor de US$250 millones de ese dinero que el mismo Gobierno nacional utiliza para comprar bonos y generar superávit fiscal. Lo utiliza en su política macro financiera. Es un perro que se muerde la cola, hay una herramienta para utilizar en la diversificación y ampliación de la matriz productiva que no se utiliza”, profundizó.
Las opciones de desarrollar nuevos nichos en Tierra del Fuego surgen en el marco de lo que los nativos llaman la economía azul del Atlántico Sur y la economía blanca de la Antártida, según la explicación que dio el economista local para retomar la idea de la transición hacia un nuevo esquema.
“Se busca que las empresas opten por desarrollar negocios de alimentos locales y frescos, por ejemplo. Algunas ya lo estaban haciendo”, insistió e hizo notar que el cambio está en marcha. Para reforzar su postura, apeló a un proyecto del grupo Mirgor que promete construir un puerto multimodal. “No solo hay que verlo en términos de eficiencia productiva o fiscal, hablamos de una obra a menos de 600 km de Malvinas ocupadas por los británicos”, recalcó Deluca.
“Mientras el Gobierno nacional promueve que los empresarios abandonen la inversión en la provincia de Tierra del Fuego, el Reino Unido está invirtiendo en la ocupación de nuestras islas con proyectos de hidrocarburos, con proyectos de puertos profundos”, dijo el economista para defender la continuidad del régimen y la transición hacia un sistema diversificado y sustentable.
La resistencia y el clima social
“Hay mucho temor y organización, sobre todo en la ciudad de Río Grande. La mitad de la economía de la ciudad depende de la industria electrónica y gran parte de ese negocio es en la producción de celulares; donde golpea el Gobierno nacional”, relató Deluca. La sociedad fueguina está dispuesta a pelear por lo que cree que es justo y quedó en claro en el comentario que hizo el especialista en Economía Política.
En la provincia de Tierra del Fuego ya hubo paralización de las actividades y movilizaciones a modo de medida de fuerza e incluso, la amenaza del Gobernador, Gustavo Melella, de iniciar acciones judiciales en contra de la medida oficial. “Se pueden perder puestos de trabajo que no son del Estado, sino de las empresas que dicen que ya no tienen margen”, señaló el entrevistado.
La vida en la ciudad industrial no es sencilla, los alquileres son altos y las viviendas no cuentan con las condiciones para un pasar digno. Algunos de sus habitantes son nativos pero muchos llegaron a la isla en la búsqueda de una oportunidad laboral. “Fueron adquiriendo una identidad basada en el trabajo y en la soberanía, la causa Malvinas acá es muy importante. Todo se entremezcla, trabajar acá es hacer patria”, afirmó el economista.
“Por eso cuando las decisiones se tomen así apuradas en Buenos Aires -o no, porque el modelo nacional no prioriza la industria-, se van a encontrar con una parte de la ciudadanía que no opina de esa forma y que piensa que el país tiene que tomar otro rumbo”, recalcó Deluca.
El entrevistado reconoce que puede haber diferentes formas de pelear por la soberanía de Malvinas: “Tranquilamente se puede tirar toda la industria al tacho e instalar bases militares, pero nosotros pensamos que ese no es el mejor camino, de hecho, no es lo que más nos conviene. La base más importante de la OTAN en todo el Atlántico Sur está acá, a 600 km de las fábricas que este Gobierno nacional pretende cerrar”, continuó.
Desde su punto de vista, la mejor manera de pelear por el territorio es por medio de la ocupación para la explotación económica de la región y enumero los negocios que podrían desarrollarse en ese sentido. “La pesca, el turismo marítimo, la economía del conocimiento, la producción de hidrocarburos son mucho mejores para la soberanía y de eso se trata también el régimen de Tierra del Fuego”, concluyó.