(Por redacción País Productivo) La dicisión del Gobierno nacional de eliminar la obligación de que las empresas aporten recursos a las cámaras representativas de cada sector dejó mucha tela para cortar y algunas entidades heridas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fue una de ellas. Según fuentes cercanas a la misma, «hay furia» en la cámara que congrega al grueso del sector pyme, no solo en lo respectivo al comercio, sino también a la industria e, incluso, al agro.
Según indicaron dichas fuentes, esta medida pone en serio riesgo a «aquellas entidades que dependen de este aporte».
Es por eso que están en desacuerdo con la normativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federicico Sturzenegger, si bien se supo que esta decisión había sido adelantada algunos meses atrás, tanto a CAME como a la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
Para el funcionario nacional esta es un decreto «anti-casta» y pasó a explicar lo siguiente en su cuenta oficial de X: «La Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo. Pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades».
«La creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento. El tema no es menor. En el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los ¡6.000 millones de pesos por mes! Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio», agregó.
En el mismo posteo, sostuvo que «hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los 6 (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar. En el 149/25 dicho plazo se establece en 90 días».
En este escrito, Sturzenegger hace un especial agradecimiento Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) «por ser la primera institución en levantar la voz». Y es allí adónde apunta CAME, al sostener que «la medida pone en riesgo la representatividad del sector», aseguraron las fuentes cercanas a la entidad.
Entidades empresarias
Por supuesto, desde Cadam celebraron la normativa, por la cual hace meses que vienen presionando, poniendo el foco en los aportes obligatorios que debían hacer las empresas al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), alcanza a 1,2 millones de trabajadores en el rubro de comercio.
Según la visión de la cámara empresaria, «desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por ‘capacitación’ por cada empleado, aunque no se capaciten nunca. La medida, representa un alivio de más de $70 mil millones al año para el sector mercantil».»
«En marzo la cuota se incrementará a $ 4.725,02 por cada trabajador, lo que representa una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la CAME», detalló.
Desde Cadam, que felicitaron y apoyaron expresamente al Presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a Sturzenegger, sostuvieron que “este tipo de contribuciones sólo encarecen los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”.
“En todo caso que si una empresa quiere aportarle al gremio empresario que lo haga de manera voluntaria, pero debemos terminar con este tipo de cajas obligatorias que incrementan el costo argentino”, agregaron.
Otra entidad que levantó la voz a favor de la medida la Confederación Federal Pyme Argentina, que incluso llegó a pedir la intervención de CAME por el «manejo de esos multimillonarios fondos».
Al respecto, su presidente, Mauro González, indicó que «ya hay denuncias ante el gobierno para que se investigue qué se hizo con estos fondos, ya que por ejemplo, CAME inauguró un showroom en Brasil, y queremos saber si se utilizaron los fondos que debían ir para capacitación».
También pidieron investigar la representación real de las cámaras que reciben esos fondos para «capacitar», ya que tienen «sospechas» de que existiría una «ingeniería de sellos de goma» que dicen representar a comercios, emprendedores, jóvenes o mujeres empresarias de calles, avenidas o regiones y ni siquiera son empresarios o no tienen impacto real que justifiquen el desvío de fondos. .
«La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del INACAP, es más que notable. No hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información. Tampoco como cámara empresaria socia saber qué montos y a qué entidades se le envían fondos, porque es discrecional», sostuvo Gonzalez.