(Por redacción País Productivo) La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno con 135 votos afirmativos y 115 negativos, en una sesión atravesada por tensiones dentro y fuera del Congreso. Debido a una modificación introducida en el texto original, eliminando el artículo 44 que recortaba las licencias por enfermedad, la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.

El oficialismo aceptó cambios en la redacción aprobada previamente por la Cámara alta, lo que obliga a una nueva votación en ese cuerpo. Aun con ese trámite pendiente, en el Gobierno calificaron el resultado como un “amplio triunfo legislativo” por el respaldo conseguido en el recinto.

Al momento de la votación en general, el bloque de La Libertad Avanza sumó el acompañamiento del PRO, la UCR y legisladores alineados con los oficialismos provinciales de Tucumán, San Juan, Neuquén, Córdoba, Misiones y Salta. Esa combinación permitió superar el umbral necesario para avanzar con el proyecto.

En el rechazo se ubicaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, las diputadas Marcela Pagano y Natalia De la Sota, así como representantes vinculados a la Gobernación de Catamarca. La votación dejó en evidencia una fuerte polarización en torno a la reforma.

El bloque Provincias Unidas, tercero en cantidad de integrantes, mostró una fractura interna. Diez de sus 18 miembros votaron en contra, mientras que los cordobeses acompañaron la propuesta junto al rionegrino Sergio Capozzi, el santacruceño José Luis Garrido, el jujeño Jorge Rizzotti y los santafesinos José Núñez y Gisela Scaglia, presidenta de la bancada.

También se registró una disidencia dentro de Innovación Federal. El puntano Claudio Álvarez, recientemente incorporado al espacio y con trayectoria sindical, se manifestó en contra del texto oficial.

La aprobación contó con la presencia en los palcos de Karina Milei, Manuel Adorni y el ministro Diego Santilli. Desde el oficialismo expresaron optimismo respecto de los pasos siguientes y anticiparon que buscarán acelerar el tratamiento en el Senado.

Antes incluso de la votación en Diputados, se convocó a sesión en la Cámara alta para el viernes 20 de febrero a las 10, con la intención de avanzar en el dictamen y sancionar la ley el 27 de febrero. La hoja de ruta oficial prevé que el trámite quede concluido antes del discurso presidencial ante el Congreso del 1° de marzo.

Sectores opositores señalaron que, en caso de aprobarse en forma definitiva, el proyecto podría enfrentar cuestionamientos judiciales. Esa alternativa fue mencionada como una de las vías que analizan frente al avance parlamentario.

El cambio central introducido por el Gobierno fue la eliminación del artículo 44, que disponía la quita del pago de haberes a trabajadores que solicitaran licencia por enfermedad. Desde el oficialismo reconocieron que esa cláusula había sido incorporada en la redacción original y que suprimirla fue necesario para facilitar la aprobación.

Otra de las discusiones se concentró en el artículo 58, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La votación de ese apartado concluyó con 130 votos a favor y 117 en contra, en un resultado más ajustado que el de la aprobación general.

El FAL establece un aporte del 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones destinada al pago de indemnizaciones. Según el texto, las grandes empresas deberán contribuir con el 1% —ampliable a 1,5%— y las pymes con el 2,5%, con posibilidad de llegar al 3%, mientras que el empleador cubrirá la diferencia si el fondo no alcanza.

Desde el oficialismo aseguraron que el ministro Diego Santilli mantuvo gestiones con la Gobernación de Córdoba, lo que incidió en la ausencia de tres de los seis representantes de ese distrito —García Aresca, Schiaretti y Torres— que se habían manifestado en contra del FAL y forman parte de Provincias Unidas.

El clima en el recinto tuvo momentos de alta tensión. Legisladores opositores se acercaron al estrado de Martín Menem luego de que se aprobara a mano alzada el plan de labor, que fijó la metodología de votación.

Durante ese tramo inicial, Horacio Pietragalla entregó cadenas metálicas a Menem y se produjo un cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Carignano, cuando la diputada de Unión por la Patria comenzó a desconectar cables del equipamiento de los taquígrafos. En las inmediaciones del Congreso, la movilización que acompañó el paro nacional terminó con 16 detenidos y seis heridos en el marco del operativo de seguridad.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la creación de un banco de horas, que reemplaza el pago tradicional de horas extras por un sistema de compensación de jornadas extensas con otras más breves o días de descanso, respetando un mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

En materia de indemnizaciones, se modifica el esquema vigente al establecer compensaciones actualizadas por inflación con un adicional anual del 3%, y se excluyen de la base de cálculo conceptos como aguinaldo y vacaciones.

La iniciativa promueve además pagos por mérito y productividad por sobre las negociaciones colectivas del salario básico, habilita la posibilidad de abonar remuneraciones en pesos, moneda extranjera o en especie, y permite fraccionar las vacaciones en períodos no inferiores a siete días, garantizando que al menos cada tres años el receso coincida con el verano.

El texto incorpora como servicios esenciales a las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles —excepto el universitario—, que deberán asegurar un funcionamiento mínimo del 75% en caso de conflicto.

Asimismo, crea un régimen de promoción del blanqueo laboral con incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que contraten personas desempleadas o monotributistas, abre una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, redefine el financiamiento del INCAA a partir de 2028, regula las condiciones de trabajadores de plataformas y establece límites y requisitos para la realización de asambleas en los lugares de trabajo.