(Por redacción País Productivo) El oficialismo dio de baja el capítulo de la Ley de Tierras tras quedarse sin los votos necesarios para aprobarlo y reconfiguró el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con el objetivo de garantizar la continuidad de la sesión prevista para este jueves en el Senado.
La decisión llegó luego de que gobernadores aliados y parte de los bloques dialoguistas anticiparan su rechazo a la iniciativa, que había concentrado el mayor nivel de controversia dentro del paquete legislativo.
La definición se tomó pocas horas antes de la reanudación del debate parlamentario, en medio de intensas negociaciones encabezadas por la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien buscó evitar una nueva postergación del tratamiento de la iniciativa.
Como informó Infobae, la resolución se precipitó después de una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, cuando quedó en evidencia que no estaban los apoyos suficientes para sostener el capítulo referido a la compra de tierras rurales.
El principal obstáculo surgió tras el pronunciamiento de los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes comunicaron que sus representantes no acompañarían esa parte del proyecto, lo que terminó de desarmar la estrategia parlamentaria del oficialismo.
La propuesta mantenía la prohibición para que los Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país, aunque habilitaba que personas jurídicas con participación estatal extranjera pudieran hacerlo con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Ese punto fue el que concentró la mayor resistencia política.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza optó por retirar por completo el capítulo antes que arriesgar una derrota en el recinto que pudiera comprometer el resto del proyecto.
La decisión implicó un nuevo cambio en una iniciativa que ya había atravesado varias modificaciones desde su ingreso al Congreso, en un intento del oficialismo por acercar posiciones con los bloques dialoguistas.
En los últimos días, incluso, el Gobierno había reemplazado la propuesta original de eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros por otra que elevaba del 15% al 25% el porcentaje máximo permitido, aunque esa concesión tampoco logró reunir los respaldos necesarios.
La eliminación definitiva del capítulo buscó despejar el principal foco de conflicto y facilitar el tratamiento del resto de los artículos incluidos en la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Las negociaciones se desarrollaron en paralelo a las discusiones sobre el quórum y la conformación de mayorías para la sesión, que ya había sido postergada anteriormente por la falta de votos suficientes.
En la Casa Rosada confiaban en que, sin el apartado sobre tierras, aumentaran las posibilidades de avanzar con el resto del proyecto, aunque continuaban las conversaciones con distintos bloques para asegurar el respaldo legislativo.
La reforma sobre la Ley de Tierras había generado cuestionamientos tanto de legisladores opositores como de sectores aliados, que manifestaron reparos sobre el alcance de las modificaciones propuestas y sus efectos sobre la regulación de la propiedad rural.
El retiro del capítulo representó un revés político para el oficialismo, que había impulsado esa modificación como uno de los ejes centrales del proyecto, pero terminó resignándola para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.
Con ese cambio, el Senado quedó en condiciones de retomar la sesión con un texto recortado, mientras el Gobierno buscaba evitar una nueva derrota parlamentaria en una negociación que se extendió durante varias semanas.
La discusión sobre una eventual reforma del régimen de tierras rurales, sin embargo, quedó abierta para futuras iniciativas legislativas, luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para convertirlo en ley.