(Por redacción País Productivo) El Gobierno continúa con su política desreguladora, buscando normas y programas que, según su visión, entorpecen el desarrollo del mercado y limitan sus libertades.
No obstante, en esta oportunidad decidieron ir más allá y derogar una serie artículos claves de leyes que buscaban potencias y brindar apoyo a las pymes a partir de programas que promovían su crecimiento, capacitación e internacionalización, con el pretexto de que, dichas iniciativas, eran «distorsivas» del mercado.
Así, a través del decreto 339/2025, el Gobierno decidió eliminar artículos de las leyes 24.467, que establece el marco regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas, y de la 25.872, que crea, el Programa Nacional de Apoyo al Empresario Jovén.
Por ejemplo, el nuevo decreto, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, elimina el sistema de información MIPyME, la Red de Agencias de Desarrollo Productiva, el apoyo de organismo como el INTA, el INTI y el ex Intemin, el Programa de Desarrollo de Proveedores y la formación de Consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación.
Además, derogó los trabajos para diseñar políticas de internacionalización de las empresas, el Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresariales y el el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
En los considerandos de la normativa, el Gobierno justificó la medida aduciendo que «las facultades y funciones reconocidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL y los programas creados mediante las Leyes Nros. 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado y atentando contra lo ordenado mediante el Decreto Nº 70/23».
Pero la explicación más singular al respecto de porqué el Gobierno decidió derogar dichos programas la dio el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
«En nuestra hipocresía decimos defender las PYMES, luego de romperles las piernas. Una vez que están en el piso el Estado les tiende, generoso, un bastón pagado con plata ajena», comenzó su posteo en la red X.
A esto agregó: «Para nosotros una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad, tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos, ni generar condiciones diferenciales que generan un incentivo a mantenerse chico».
«En ese espíritu el Decreto Delegado 339/25, firmado por el Presidente Javier Milei (sic) deroga más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, eliminando una red de programas y estructuras estatales que decían ‘fomentar’ a las PyMEs, pero que en realidad eran ineficientes, discrecionales y estériles. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados», dijo.
Así, detalló que «entre estos programas había agencias que nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto».
De esta manera, Sturzenegger en vez de buscar la manera de mejorarlos y potenciar dichas iniciativas, decide derogar estas herramientas, dejando al sector sin las posibilidades de contar con políticas que podrían haberle servido, si tomamos como cierto que éstas nunca funcionaron.
Hoy el sector pyme atraviesa severos desafíos, como consecuencia de la crisis económica y de consumo que atraviesa el país.
Por ejemplo, un informe del Observatorio Pyme indicó que en los primeros tres meses del año persistió una caída en los niveles de producción, llegando al 3,4%, y del 5% en ocupación, mientras que se registró una suba en las ventas del 15% interanual y del 3,2% respecto al último trimestre de 2024.
«La disociación entre las ventas y el resto de las variables sigue generando interrogantes sobre si la mejora de las ventas se traducirá en un aumento efectivo de la producción o si, por el contrario, continuará relacionado con la situación del atraso de precios de las PyME, junto con la creciente sustitución de producción local por importaciones de productos terminados», expresaron desde el Observatorio Pyme.
Además, si tomamos en cuenta los datos de abril respecto a las ventas de las pymes publicados por CAME, podemos verificar que esta mejora en las ventas no cuenta con un proceso sólido.
Así, en el cuarto mes del año, las ventas cayeron 1,8% respecto a marzo, «Durante el mes de abril el comercio atravesó un contexto complejo: las ventas se mantuvieron estables o levemente activas, pero con márgenes muy reducidos por el alto costo de servicios, impuestos y alquileres», marcaron desde CAME.
En este sentido, explicaron que «el bajo poder adquisitivo limitó el consumo, y muchos comercios vendieron sólo lo indispensable. Aunque algunos rubros destacaron cierta reactivación estacional, la mayoría percibió un escenario incierto y difícil de sostener».