(Por redacción de País Productivo) La falta de política agropecuaria y agroindustrial es evidente. No hay un plan ni un norte que seguir, siendo solo la aplicación de medidas de desregulación o baja temporal de algunos impuestos las únicas iniciativas que salen del Ministerio de Economía.
Así, los productores y muchas empresas del sector se encuentran en un contexto de «sálvese quién pueda», en la cual un buen número actividades están sufriendo los efectos adversos de algunas desregulaciones, la falta de competitividad externa, la caída del consumo interno o la baja de precios internacionales, entre otros problemas.
Pero, más allá de esto, hay veces que el Gobierno pretende tomar medidas «trascendentales» para el sector, que cuando se dan a conocer, se puede observar que son inconsultas y que, muchas veces, responden a intereses de un solo actor de la cadena en detrimento del resto, pero que están maquilladas como desreguladoras.
Ayer, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, (y por ende, del Ministerio de Economía), habilitó el ingreso de carne vacuna con hueso y material reproductivo a la Patagonia.
¿Por qué es trascendental esta medida? La Patagonia tiene el estatus sanitario de zona libre de aftosa sin vacunación, una condición que mantiene hace más de 20 años y que prohíbe el ingreso de animales y carne vacuna con hueso provenientes del norte del Río Colorado o del exterior.
Este estatus hizo que la región tenga que adaptar su sistema productivo, de industrialización y comercialización a esta condición, haciendo que los costos de producción sean más altos, la oferta de animales más reducida y mayores los valores en las góndolas respecto al resto del país.
Al mismo tiempo, mantener está condición también supone un plus a la hora de exportar. De hecho, hay mercados que solo aceptan carne de zonas libres de aftosa sin vacunación.
Pero el riesgo mayor es, sin dudas, que ingrese la enfermedad a la región, lo cual podría generar un desastre productivo que hace 20 años que se evita.
No obstante todos estos condicionantes, el Gobierno decidió ayer, por unas horas, habilitar el ingreso de carne a la Patagonia – fervientemente apoyado por los frigoríficos al norte del Río Colorado -, bajo el pretexto de «bajar los precios».
La medida tuvo dos falencias grandes, más allá de poner en riesgo el estatus sanitario de toda una región: la primera es que, evidentemente, fue inconsulta y, la segunda, la falta de «timing» político.
El primer punto quedó confirmado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien en su cuenta oficial de X despotricó contra el Gobierno nacional tras conocerse la medida.
«El Gobierno nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores», dijo.
Según Weretilneck, «Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende».
También se mostraron en contra los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Chubut, Ignación Torres, aunque no con la vehemencia que mostró el rionegrino.
Ahí comenzaron los llamados con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que si bien el organismo que conduce no tiene que ver en nada con la medida, es el funcionario que realmente maneja la cartera agropecuaria.
No solo haber sido una medida inconsulta hizo que la iniciativa tenga poco futuro, sino que también falló totalmente el momento en el cual se la impulsó: generar la ira de los gobernadores patagónicos en medio de la votación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es, por lo menos, poco inteligente.
Así, con la amenaza concreta de quitar los votos en el Congreso para ratificar el DNU por parte de los mandatarios del sur hizo recular al Gobierno, que tuvo que suspender la medida por 90 días y entablar mesas de trabajo entre las provincias y los productores. Un papelón consumado, que da muestras ciertas que la política agropecuaria no es el fuerte del Gobierno, por más que el apoyo del sector sea contundente.