(Por redacción País Productivo) En su política de desregulación de la economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió eliminar el peso mínimo de faena para el ganado bovino, medida que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026.
La normativa actual establece un peso mínimo que habilita el sacrificio del animal a partir del 140 kg res para hembras y 165 kg res para machos, resguardando a los bovinos más jóvenes.
La medida, derogada a través de la Resolución 98/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, buscaba tres objetivos centrales: una mayor oferta en el mercado interno a partir de la faena de animales más pesados; evitar liquidación de stock de terneros y especímenes jóvenes; y lograr bovinos de mayor volumen para la exportación.
Si bien hoy la normativa marca un peso mínimo de 140 kg para las hembras y de 165 kg para los machos, hoy el peso promedio se ubica en 200 kg, valor que se ubica muy por debajo de la media de la región, que se posiciona por encima de los 270 kg.
Las razones que encuentra Agricultura para derogar las normas anteriores es que «la experiencia de casi dos décadas ha evidenciado que tales restricciones no han logrado mejorar de manera sostenida la productividad ni la calidad».
«Los datos históricos muestran que el peso medio de faena presenta importantes oscilaciones desde 1998, derivadas principalmente de factores climáticos, condiciones del mercado, restricciones a las exportaciones, y precios relativos, más que del cumplimiento de la normativa sobre peso mínimo», agregó el comunicado de la cartera nacional.
Para Agricultura, «se trata de un paso clave hacia un esquema más racional y moderno, en el que el Estado no imponga restricciones innecesarias, sino que acompañe al sector en su camino hacia una mayor competitividad y desarrollo».
Esta medida responde a la necesidad de eliminar regulaciones que, lejos de contribuir al desarrollo del sector, demostraron ser ineficientes y contraproducentes para la producción ganadera. Así también, busca dinamizar la economía y liberar el potencial de los sectores productivos del país, eliminando trabas burocráticas y promoviendo un entorno propicio para la inversión, el empleo y la innovación.