El Gobierno nacional parece no haberse enterado de lo que sucedió en las últimas 48 horas en el Senado ni en la Justicia y decidió continuar con su proceso de reformas y recortes en importantes organismos públicos.
Así, el ministro de Economía decidió pasar a disponibilidad a 343 trabajadores mayormente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y algunos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Semillas (Inase) amparándose en el decreto 462/25 que, justamente, reestructuraba estos organismos y facultaba al Gobierno a avanzar con recortes.
Pero ¿por qué el Gobierno, hoy 22 de agosto, no puede hacer eso? Porque justamente ese decreto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso, cuestión por la cual pierde su vigencia. Pero, como agravante, también desconoce el fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, que intima a «no innovar» y a que se abstenga de llevar a cabo cambios que supongan «traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA», ante el riesgo de que se configuren en «un daño irreparable sobre derechos laborales y sindicales«.
Poco le importó a Caputo, que solo 48 horas después del fallo, y menos de dos horas después de que el Senado, por amplísima mayoría, rechace el decreto – como dos semanas atrás lo había hecho Diputados -, decidió publicar la Resolución 1240/2025 hoy en el Boletín Oficial, desoyendo estos mandatos.
SI vamos a lo estrictamente legal, el rechazo del decreto 462/25 implica que el mismo pierde vigencia y, por lo tanto, su contenido. Así, tanto el INTA como su primo hermano, el INTI, deberían volver a ser organismos descentralizados y recuperar su autarquía y autonomía política, económica y financiera, reestableciendo su modo de gobernanza.
En sí, todo cambio que se hizo debería volver a «foja cero». Los mismo para organismos como el INV, el Inase o el Inafci.