(Por redacción País Productivo) Lo que tanto temía el sector textil terminó pasando, quedando en oídos sordos los pedidos de la industria al gobierno para que revea la medida.
Así, a través del decreto 236/2025, el Poder Ejecutivo oficializó la baja de aranceles para importación de ropa, calzado y telas.
A partir de esto momento, la alícuota de la ropa y calzado pasarán de 35% a 20%, los de telas del 26% al 18%; y de los distintos hilados de 18%, a 12%, 14% y 16%».
Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la medida, alegando que «la Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo».
«Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales indica que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España y 95% más que en Brasil. De la misma manera, una campera cuesta en Argentina 174% más que en España y 90% más que en Brasil. Seguimos reduciendo impuestos y aranceles para fomentar la competencia y continuar bajando la inflación», dijo el ministro.
La medida fue resistida por el sector en su conjunto, e incluso, habían solicitado una audiencia con Caputo para que revea la decisión, reunión que nunca fue concedida.
En sendos comunicados, la industria advirtió «que esta medida puede provocar la destrucción de miles de puestos de trabajo y el quiebre de cientos de industrias, sólo en la cadena de valor textil-indumentaria. Se trata de un sector que tiene larga tradición en nuestro país y genera una gran cantidad de empleo: existen 539.000 ocupados en toda la cadena de valor y sólo los eslabones industriales emplean a más de 290.000 personas», plantearon en un comunicado la Cámara de la Industria Argentina de Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria (FAIIA).
Según plantean desde las entidades, hoy no están dadas las condiciones para que el sector nacional pueda competir con la importación, debido a la presión impositiva argentina y a los bajos precios a los cuales dicha mercadería ingresa al país.
«Esta medida favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a nuestro país a precios irrisorios debido al dólar barato y a los costos laborales e impositivos que enfrentan en los países asiáticos donde se fabrican. Para peor, esta medida se implementa sin ningún tipo de medidas compensatorias para la industria local, que enfrenta una mayor presión impositiva y de cargas
sociales, que en los países competidores», indicaron los industriales.
Es por esto que «el Gobierno debe cumplir primero con sus promesas de bajar impuestos, cargas sociales, frenar la industria del juicio, bajar los altos costos financieros y levantar el cepo», dijeron desde el sector, ya que entienden que «sin hacer esto último, esta medida es un industricidio».