(Por redacción País Productivo) Fundición San Cayetano, una de las principales empresas metalúrgicas del país, pidió la apertura de su concurso preventivo para reestructurar un pasivo de $34.187 millones, luego de acumular meses de dificultades financieras.
La compañía, que tiene 70 años de trayectoria, 260 empleados y exporta cerca del 80% de su producción, atribuyó ante la Justicia el deterioro a la combinación de la apertura importadora, la apreciación del peso, la caída de pedidos y el elevado costo del financiamiento.
La presentación judicial se realizó el 9 de junio y el concurso fue abierto el 24 de junio por el Juzgado Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La firma estableció el 18 de diciembre de 2025 como fecha de inicio de la cesación de pagos, momento a partir del cual comenzó a registrar atrasos en distintas obligaciones vinculadas con su actividad.
La empresa sostiene que el problema no estuvo en la capacidad productiva de la planta, sino en las condiciones económicas que rodearon al negocio. En el expediente afirmó: “El flujo derivado de la actividad comercial regular es positivo y suficiente para cubrir los costos de producción y las obligaciones corrientes; la distorsión radica exclusivamente en la carga financiera acumulada”.
La compañía está radicada en Burzaco y fabrica piezas de gran tamaño destinadas a sectores como la industria siderúrgica, petrolera, minera y energética. Su perfil exportador es uno de sus principales rasgos: alrededor del 80% de lo que produce se vende en mercados externos, donde compite con fabricantes internacionales.
Fundición San Cayetano comenzó sus operaciones en 1956 y trasladó su planta a Burzaco en 1979. Con el paso de las décadas amplió su producción y sumó componentes para distintas ramas de la industria pesada, hasta convertirse en un proveedor relevante de piezas y bienes de capital.
Entre sus clientes figuran compañías como Ternium Siderar, Nucor Steel, Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs, Glencore, Codelco y CSN. Según explicó la propia empresa, su actividad está condicionada por los precios internacionales, ya que debe competir con fabricantes del exterior tanto dentro del mercado argentino como en los destinos donde coloca sus productos.
La compañía ubicó uno de los principales puntos de quiebre a comienzos de 2024. “Desde principios del año 2024, la apertura de las importaciones y la revaluación de nuestro signo monetario, impulsadas por el actual modelo económico del país, nos llevó a una asfixia en el desarrollo de nuestra actividad”, sostuvo en la documentación presentada ante la Justicia.
Según el planteo empresario, el nuevo escenario generó simultáneamente una menor demanda y una mayor presión sobre los precios. Uno de sus principales clientes llegó a reducir sus pedidos aproximadamente un 50%, mientras la firma optó por aceptar rebajas solicitadas por compradores para intentar conservar operaciones y sostener los puestos de trabajo.
La competencia internacional también ocupó un lugar central en el diagnóstico. La empresa señaló específicamente a los fabricantes chinos y afirmó: “Los proveedores originarios de la República Popular China están presentes en todos los mercados en el que participamos, con precios que oscilan a la mitad del nuestro”.
A la presión comercial se sumó el costo de financiar el capital de trabajo. De acuerdo con la presentación, las tasas bancarias llegaron a ubicarse entre 80% y 90% anual, mientras el margen de rentabilidad del negocio rondaba el 5%. Para una compañía exportadora con ciclos productivos extensos, ese diferencial terminó deteriorando la ecuación financiera.
“Cuando un exportador toma una deuda para financiar su capital de trabajo, lo hace bajo la premisa de una rentabilidad proyectada, la cual queda destruida con el escenario económico actual”, afirmó Fundición San Cayetano. La empresa también cuestionó el desfasaje entre la evolución del dólar y el costo del dinero.
El deterioro quedó reflejado en la operatoria cotidiana. La compañía acumuló 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y recibió intimaciones de servicios esenciales, entidades bancarias y proveedores. Entre los reclamos mencionados aparecen Metrogas, Edesur, Banco Nación y Banco Provincia, además de acreedores del exterior.
El pasivo concursal de $34.187 millones está integrado principalmente por obligaciones comerciales y financieras. La firma declaró $18.512 millones con acreedores quirografarios por compras locales, $5.539 millones por adquisiciones en el exterior y otros $7.791 millones correspondientes a financiamiento, además de compromisos fiscales, sociales y laborales. A su vez, la información del Banco Central muestra una exposición financiera cercana a $22.355 millones.
Pese al proceso concursal, la compañía busca mantener la producción. Al 31 de mayo de 2026 declaró activos por $83.286 millones, de los cuales $68.482 millones correspondían a bienes de uso. Además, aseguró que cuenta con pedidos suficientes para trabajar a máxima capacidad durante al menos ocho meses, incluso sin sumar nuevas órdenes, con contratos vigentes de entre seis meses y tres años. En ese contexto, definió al concurso como un “rediseño defensivo permanente y estructural” para preservar una empresa que mantiene capacidad industrial y una fuerte inserción exportadora.