(Por redacción País Productivo) Diputados dio media sanción a dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la nueva Ley de Inocencia Fiscal II. La primera iniciativa fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, mientras que la segunda cosechó 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. Ambos textos deberán ser tratados ahora por el Senado.
La reforma del BCRA quedó aprobada luego de una extensa discusión en el recinto y con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y distintos espacios provinciales. El proyecto establece como objetivo central de la entidad la preservación del valor de la moneda y restringe sus posibilidades de asistencia financiera al Estado.
Uno de los puntos principales de la iniciativa es la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro nacional. También se establecen límites para la asistencia financiera a provincias y municipios y se prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario por parte del Banco Central.
El proyecto también modifica el esquema para remover a las autoridades del BCRA. A partir de la reforma, la destitución requerirá una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso, una modificación que busca establecer mayores condiciones para el desplazamiento de los integrantes del directorio.
Otra de las modificaciones incorporadas consiste en la prohibición de emitir nuevas Letras Intransferibles. Al mismo tiempo, el texto habilita la utilización de activos en oro y moneda extranjera como garantía para determinadas operaciones de la autoridad monetaria.
Durante el debate, el diputado Santiago Pauli, miembro informante del oficialismo, sostuvo: “Cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”.
El legislador fueguino también cuestionó el uso que, según su planteo, se hizo históricamente de la autoridad monetaria. “Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”, afirmó.
Desde la oposición, Itai Hagman cuestionó el enfoque elegido por el oficialismo y sostuvo: “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.
La reforma avanzó en una jornada en la que el endeudamiento familiar también ocupó parte del debate. La oposición intentó incorporar más de 20 proyectos vinculados con la situación de las familias morosas, que según lo expuesto durante la sesión alcanza a cerca de 6 millones de personas. La moción fue rechazada por 133 votos contra 107, con 11 abstenciones.
Una vez aprobada la reforma del BCRA, Diputados avanzó con Inocencia Fiscal II, otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno. La iniciativa busca ampliar el régimen simplificado de declaraciones juradas y facilitar la incorporación de contribuyentes, además de incentivar la utilización de dólares que permanecen fuera del circuito formal.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que existían para ingresar al régimen simplificado. La legislación anterior establecía un tope de $1.000 millones de ingresos anuales y un patrimonio máximo de $10.000 millones, restricciones que ahora desaparecen.
El nuevo esquema también modifica el tratamiento de los funcionarios públicos. Podrán incorporarse al mecanismo de simplificación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, aunque quedaron excluidos de la posibilidad de adherir al blanqueo patrimonial.
Otro de los cambios está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”. El proyecto establece que esta situación se configurará cuando ARCA detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por un porcentaje de al menos 15%, siempre que exista un piso de $5 millones.
La iniciativa contempla además una reducción del 25% en determinadas multas formales y un régimen de excepción para sanciones vencidas que sean regularizadas. Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado, el beneficio alcanza tanto a pequeñas y medianas empresas como a personas humanas. “Ahora ARCA tiene una instrucción precisa de saber que tiene que investigar donde hay discrepancia de determinados montos que generen sospechas con ingresos que no correspondan”, sostuvo.
El proyecto también amplía a 15 días hábiles el plazo disponible para rectificar una declaración jurada luego de que el contribuyente reciba una liquidación administrativa o una determinación de oficio. Además, contempla exenciones de multas para determinados casos de regularización previa de obligaciones vinculadas con Ganancias o IVA.
La oposición rechazó el nuevo régimen y cuestionó especialmente el alcance de las modificaciones sobre los controles fiscales. Ariel Rauschenberger lo definió como un proyecto que busca “justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, mientras que Guillermo Michel sostuvo que la iniciativa también interviene sobre los mecanismos de evaluación vinculados con el lavado de dinero.
Con las dos medias sanciones, el Gobierno consiguió avanzar en la Cámara de Diputados con dos proyectos que considera centrales para su programa económico. La reforma del BCRA y la Ley de Inocencia Fiscal II deberán ahora atravesar el Senado, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y volverá a necesitar acuerdos con los bloques provinciales y aliados para completar su aprobación.