(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional avanzó con la privatización del sistema ferroviario de cargas al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que actualmente son operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A. La concesión alcanzará 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.
La medida fue instrumentada por el Ministerio de Economía y forma parte del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. El esquema contempla un régimen de acceso abierto, mediante el cual distintos operadores podrán utilizar la infraestructura bajo condiciones objetivas y no discriminatorias.
La red incluida en la licitación conecta zonas productivas con los principales puertos del país y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. De esta manera, el proceso alcanza una infraestructura estratégica para el traslado de productos agropecuarios y cargas industriales.
Uno de los principales aspectos del llamado es el plazo de concesión. El Gobierno estableció medio siglo de duración para permitir que los futuros operadores puedan realizar inversiones de largo plazo y recuperar el capital destinado a infraestructura ferroviaria. Según la explicación oficial, el período busca generar incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.
La concesión también incorpora la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellos proyectos que destinen capital a infraestructura ferroviaria. El objetivo es facilitar el financiamiento de las obras previstas en los distintos corredores.
El Ejecutivo justificó la decisión a partir del estado actual de la red. Según el Gobierno, se busca incorporar capital y gestión privada para “recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes”.
La administración nacional también planteó que el deterioro de la infraestructura contrasta con la evolución de la producción agropecuaria, principal demandante del transporte ferroviario de cargas. De acuerdo con los datos incluidos en la presentación oficial, la producción del sector se multiplicó por seis desde 1970, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos volumen que entonces.
Con ese argumento, el Gobierno sostuvo que “el problema no fue la falta de demanda, sino un modelo de administración que no logró acompañar el crecimiento productivo del país”. La afirmación forma parte de los fundamentos utilizados para avanzar con el traspaso de la operación al sector privado.
Los informes técnicos citados por Economía señalaron además que Belgrano Cargas y Logística registraba pérdidas económicas al comienzo de la actual gestión, junto con deterioro de la infraestructura y una elevada cantidad de descarrilamientos. También se detectaron incumplimientos en el mantenimiento del material tractivo.
En particular, durante 2023 el mantenimiento programado de locomotoras habría quedado incumplido en un rango de entre 20% y 40%, según la información oficial difundida junto con el llamado a licitación. Estos datos fueron utilizados por el Ejecutivo para fundamentar la necesidad de modificar el esquema de administración.
Entre las obras previstas aparecen intervenciones sobre distintos puntos de las tres líneas. Para el Belgrano se contempla la eliminación de un cuello de botella ferroviario en Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero, mientras que en el San Martín se plantea recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal.
En el caso de la línea Urquiza, el proyecto contempla la recuperación de su ramal troncal, una infraestructura que permite conectar la Mesopotamia con otros puntos de la red ferroviaria y con los corredores internacionales de la región.
El pliego también habilita a los futuros concesionarios a adquirir el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos obtenidos mediante la venta y el remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico, que tendrá como finalidad financiar parcialmente las obras obligatorias establecidas en la concesión.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la convocatoria como “un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”. Con el llamado, el Ejecutivo formalizó una nueva etapa del proceso destinado a transferir a operadores privados la gestión de una red de 7.594 kilómetros y con una concesión prevista por 50 años.