(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional adjudicó 8 corredores viales que suman más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, en una nueva etapa del proceso de privatización de la infraestructura vial.
Las concesiones tendrán una duración de 20 años y estarán a cargo de empresas y consorcios privados, que deberán asumir la operación, el mantenimiento y la explotación de las trazas mediante el sistema de peajes.
La medida quedó formalizada este lunes a través de la Resolución 1379/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), programa mediante el cual el Ejecutivo busca transferir al sector privado la gestión de rutas nacionales estratégicas.
Los ocho corredores adjudicados atraviesan 11 provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza. Los tramos fueron divididos en los corredores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.
Desde el Gobierno destacaron que “el sector privado realizará la operación y el mantenimiento de las trazas viales sin erogaciones del Estado Nacional”. El esquema contempla que las empresas concesionarias se hagan cargo también de tareas de reparación, ampliación, conservación y prestación de servicios a los usuarios.
La concesión se realizará bajo el régimen de obra pública por peaje. Además de administrar las rutas existentes, los adjudicatarios podrán desarrollar obras y actividades complementarias destinadas a generar ingresos adicionales dentro de las condiciones establecidas en cada contrato.
En el Tramo Centro, la concesión fue adjudicada a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 más IVA. El corredor Centro Norte quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que presentó una tarifa de $2.175 más IVA.
El Tramo Mesopotámico fue otorgado a IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 más IVA. En tanto, el corredor Noroeste quedó para Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L., que ofrecieron $2.285 más IVA.
Para el Tramo Litoral, la propuesta seleccionada fue la de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04 más IVA. El Noreste fue adjudicado a Carlos E. Enriquez S.A. y HORMI S.A., con una oferta de $2.950 más IVA.
El corredor Chaco-Santa Fe quedó a cargo de José Eleuterio Pitón S.A., ROVIAL S.A. y OBRING S.A., con una tarifa de $3.520 más IVA. Finalmente, el Tramo Cuyo fue adjudicado a Laugero Construcciones S.A., GREEN S.A. y Corporación del Sur S.A., con una oferta de $3.090,2462 más IVA.
La adjudicación se inscribe en un proceso que comenzó con el Decreto 97/2025, mediante el cual el Gobierno autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. y habilitó al Ministerio de Economía a avanzar con las licitaciones. La primera etapa del proceso, correspondiente a la precalificación de oferentes, había sido aprobada en julio de este año.
Con esta tercera etapa, el Ejecutivo sostiene que ya avanzó sobre la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos estratégicos. Según los datos difundidos por el Gobierno, por esas rutas circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.
El objetivo oficial es que los 16 tramos concesionados se encuentren “todos en obra” a partir de fines de septiembre, según había anticipado Caputo. El programa contempla que las inversiones y las tareas de mantenimiento queden bajo responsabilidad de los operadores privados.
El Gobierno también remarcó que el nuevo esquema “no contará con ningún subsidio por parte del sector público”. De acuerdo con la administración nacional, el sistema busca reemplazar mecanismos que requerían recursos del Estado por contratos en los que la operación y el financiamiento de las obras queden vinculados a las concesiones.
El control del cumplimiento de los contratos permanecerá en manos de Vialidad Nacional, que deberá supervisar las condiciones de prestación del servicio, el estado de las rutas y las obligaciones asumidas por las empresas.