(Por redacción País Productivo) La actividad en los principales puertos del país permanece prácticamente paralizada por el cese de actividades de los prácticos, una situación que ya mantiene a más de 150 buques detenidos e impacta sobre la operatoria del comercio exterior, la logística y el abastecimiento de combustibles tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026.
El conflicto comenzó luego de que el Gobierno nacional avanzara con la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. En rechazo a esa medida, una parte importante de los prácticos dejó de aceptar nuevas prestaciones, lo que derivó en la interrupción de maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en distintos puertos del país.
Cómo informó Ámbito, fuentes de la agroindustria señalaron que más de 150 buques permanecen a la espera de poder ingresar o abandonar los puertos debido a la falta de prácticos disponibles para realizar las maniobras obligatorias.
«Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse», resumió una fuente vinculada al negocio agroexportador al describir el alcance de la medida sobre la actividad portuaria.
La situación también despertó preocupación en el sector energético. Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtieron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas quedaron momentáneamente interrumpidas por la «indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan», una situación que, alertaron, podría generar dificultades de abastecimiento por problemas en el transporte.
La interrupción alcanza a puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se moviliza una parte importante de la distribución de combustibles hacia distintos puntos del país. También se encuentra afectada la operatoria en Caleta Córdova, en Chubut, un nodo clave para el traslado de petróleo crudo hacia las refinerías.
Ante el agravamiento del conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar intimaciones individuales a los prácticos habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo sostuvo que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
La intimación oficial también advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas y denuncias penales, al considerar que la interrupción del servicio puede comprometer la seguridad de la navegación y afectar el normal funcionamiento del transporte por agua.
Sin embargo, desde el Gobierno explicaron que el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, según la interpretación oficial, «técnicamente no existe un conflicto laboral», ya que los prácticos actúan como profesionales independientes y no mantienen relación de dependencia.
Esa condición implica que la medida no constituye formalmente un paro tradicional, sino una decisión individual de no aceptar nuevas contrataciones. Mientras tanto, los servicios que ya habían sido programados continúan desarrollándose según lo previsto.
Los prácticos cumplen la función de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y egreso de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención resulta obligatoria en buena parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.
El Decreto 690/2026 forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, que busca reducir costos operativos mediante una mayor competencia en el servicio de practicaje y pilotaje y eliminar restricciones que, según el Ejecutivo, encarecen la actividad.
Entre otros cambios, la normativa crea un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura, habilita la libre elección de prestadores por parte de los usuarios, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prácticos y otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación facultades para fijar tarifas máximas y exigir la publicación de precios.
Además, la regulación elimina la segmentación geográfica que obligaba al cambio de práctico durante determinados recorridos, flexibiliza las condiciones de traslado de estos profesionales y establece mecanismos destinados a garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales.
Mientras continúan las negociaciones y las intimaciones oficiales, más de 150 buques permanecen sin poder operar y la actividad portuaria sigue condicionada por un conflicto que ya impacta sobre el comercio exterior, la logística y el abastecimiento energético del país.