(Por redacción País Productivo) El Gobierno alcanzó un acuerdo con los prácticos de navegación que permitió levantar el paro que mantenía paralizada la actividad portuaria y había dejado más de 150 buques detenidos.
El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión de la aplicación del decreto que desreguló la actividad y la conformación de una mesa de trabajo para revisar la normativa.
La medida de fuerza afectaba la operatoria de los principales puertos del país desde hacía varios días, con un fuerte impacto sobre las exportaciones e importaciones. Tras la firma del acuerdo, los prácticos retomaron sus tareas y comenzó el proceso de normalización del tránsito marítimo.
El entendimiento fue alcanzado luego de negociaciones entre el Ejecutivo y los representantes del sector. Como parte del compromiso, el Gobierno decidió suspender la vigencia del Decreto 690/2026, que había introducido cambios en el régimen de practicaje y pilotaje y había originado el conflicto.
Además, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Gobierno y del sector para analizar los distintos aspectos de la regulación y avanzar en una propuesta consensuada. Según se informó, también participarán organismos con competencia en materia de seguridad y defensa.
Desde el Gobierno destacaron que el acuerdo incluye una rebaja del 20% en las tarifas del servicio de practicaje, uno de los principales objetivos perseguidos por la administración nacional en el marco de su política de reducción de costos logísticos.
Durante el conflicto, la Prefectura Naval Argentina había intimado a 536 profesionales de practicaje y pilotaje para que retomaran sus tareas, al advertir que el incumplimiento podía derivar en sanciones administrativas e incluso en denuncias penales.
El paro había generado un importante cuello de botella en los puertos argentinos, con más de 150 embarcaciones sin poder ingresar o salir de las terminales y millones de toneladas de mercadería demoradas, entre ellas productos agroindustriales y combustibles.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había defendido previamente la reforma al sostener: «La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio».
Con el levantamiento de la medida de fuerza, los prácticos retomaron inmediatamente la asistencia a los buques, mientras las autoridades y los representantes del sector continuarán negociando los cambios que podrían incorporarse a la regulación suspendida.
El acuerdo permitió destrabar un conflicto que había paralizado buena parte de la actividad portuaria del país y abrió una instancia de diálogo entre el Gobierno y los prácticos para revisar el futuro marco regulatorio de la actividad, al tiempo que comenzó la normalización de las operaciones en los puertos argentinos.