(Por redacción País Productivo) La Justicia le propinó el primer revés al Gobierno nacional en su política de cierre, disolución o degradación de organismos públicos anunciada el 8 de julio.
En este caso, fue el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 el que frenó el cierre de Vialidad Nacional, el cual hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados del organismo (Sevina).
Así, el tribunal a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, decidió suspender el decreto 461/2025 que establecía la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La magistrada entiende que la denominada Ley de Bases, en la que se fundamento dicho decreto, no otorgaba facultades delegadas para cerrar organismos públicos autárquicos que habían sido creados por Ley.
Además, consideró que este normativa podría generar «traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales», al mismo tiempo que afectaría la estabilidad laboral, que estarían atadas a futuras decisiones administrativas, violando así los convenios laborales vigentes.