La sorpresa que causó la sentencia de la justicia de Estados Unidos por la repatriación de la petrolera es difícil de digerir. La periodista especializada en economía y energía analizó la situación legal del país y se animó a pensar en algunos escenarios futuros.
“La sentencia que encuentra a la Argentina culpable por la expropiación es de septiembre de 2023, ya pasaron casi dos años y se apeló”, explicó Sofía Diamante, periodista de La Nación, para dar dimensión de la situación procesal que atraviesa el Estado en la causa que sacudió la agenda en la última semana. Una de las conclusiones a las que llegó en diálogo con País Productivo es que, más allá del monto, habrá que pagar por los daños causados.
La entrevistada aclaró que la condena por la repatriación de la empresa petrolera corre en un carril paralelo al proceso en el cual la jueza Loretta Preska determinó que deberán girarse el 51% de las acciones de YPF a los acreedores internacionales, aunque guarda relación. “El Gobierno argentino le dice a la magistrada: ‘No me hagas pagar hasta que no veamos qué pasa en la segunda instancia’”, profundizó.
El panorama, según el análisis de la especialista en economía y energía, no es del todo alentador. “La situación es difícil. El hecho de apelar no provoca automáticamente que se suspenda el fallo. Además, la jueza le dio 14 días solamente para cumplirla”, insistió, aunque separó la acusación legal al Estado del desarrollo de operaciones cotidianas de la compañía. “El fallo no impactó directamente en YPF. Cuando se conoció la noticia, las acciones cayeron hasta el 6%, pero después se recuperaron”, dijo.
Para dar cuenta de la tranquilidad en cuanto a la explotación de la petrolera nacional agregó: “De hecho, la demanda arrancó en 2015 y ya lleva 10 años. En ese tiempo se mantuvo con normalidad, emite bonos –emite deuda- y no vemos que tiene que pagar de más por esa situación”. Descartó, también, que la noticia o los pasos del proceso afecten el futuro de Vaca Muerta.
Pero más allá de que la explotación de YPF se lleve con total tranquilidad entre los embates mediáticos del juicio, hay una realidad que Diamante no quiso dejar de resaltar: Argentina es culpable por la expropiación. “Es muy difícil salir indemne y que se revierta la condena, pero tal vez se puede lograr se baje el monto de indemnización y en vez de pagar US$16.000 millones más intereses, se pueda negociar con los fondos y cerrar este caso”, resaltó.
No fue la expropiación, fue la forma
“A esta altura, Argentina algo va a tener que pagar por todo lo que ocurrió, pero no sabemos cuánto”, señaló la periodista. Después hizo un repaso por los momentos que se vivieron dentro del camino judicial. “En septiembre de 2023 se declaró culpable al Estado argentino, pero ese fallo dice que YPF, como empresa, es inocente. Luego hubo otro proceso para determinar el monto que había que pagarles a los demandantes que llevó un mes. Ahí fue donde la jueza Preska decidió que hay que pagar US$16.000 millones”, recordó.
“Lo que dicen todos los fallos es que la forma es lo que estuvo mal”, continuó Diamante con su narración y aseguró que la sanción de ley de expropiación de la petrolera fue un paso genuino. Los problemas que azotan al Estado argentino desde hace una década se desataron luego de la repatriación y surgieron de la decisión de comprar del 51% de los títulos que eran de Repsol, sin respetar lo que establecen las normas internas de la sociedad.
La entrevistada recurrió, una vez más, al relato de los hechos: “Cuando la compañía empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York en 1992, se modificó el estatuto que impuso la obligación de hacer ofertas a todos los socios capitalistas cuando la compra fuera de más del 15% de las acciones. Eso es lo que Argentina no hizo”.
Esta forma de actuar despertó el derecho de reclamar contra el país; en especial de uno de los accionistas especialmente dañado. Se trata del Grupo Pertesen -de la familia Esquenazi- que asumió un crédito internacional para invertir en YPF y planeaba pagarlo con los dividendos que obtendría de la explotación. Luego de la expropiación, las ganancias dejaron de llegar y las compañías terminaron en situación de quiebra.
“El problema, según dice Preska, es que el Estado argentino conocía las reglas y sabía que, si compraba el 51% de las acciones, tenía que hacer oferta a todos los accionistas”, repasó la periodista y agregó: “Por eso se hace viral el video de Axel Kicillof, entonces ministro de economía, en el que dice que ‘nosotros somos los estúpidos que tenemos que cumplir con el estatuto’”.
El Gobierno nacional aseguró que va a apelar está decisión, aunque hasta ahora solo envió un pedido formal de suspensión de la sentencia. El riesgo de no hacerlo es importante, según Diamante, porque este juicio es “uno de los más grandes” que hay tramitando en Estados Unidos. “No sé si está entre las 10 sentencias más altas. Venimos perdiendo bastante frente a la justicia estadounidense”, afirmó la Diamante.