(por Christian Veltri) La administración Trump puso en vigencia nuevas medidas para aceptar las visas temporales (H-1B) y de inmigrantes por razones de “carga pública”. La medida otorga discrecionalidad amplia a los funcionarios consulares para rechazar los pedidos por edad o historia clínica.
El pasado 6 de noviembre se conoció una nueva circular emitida por el Departamento de Estado (firmada por el secretario de Estado Marco Rubio) hacia los consulados y embajadas del mundo en el que autoriza a los funcionarios a denegar las visas por motivos de “carga pública”.
Según esta nueva directiva, razones de salud como obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, respiratorias, metabólicas, neurológicas y trastornos mentales pueden requerir atención médica que impliquen un gasto de cientos de miles de dólares para el Estado norteamericano.
El cable recibido por las embajadas y consulados menciona que la obesidad puede derivar, entre otros trastornos, en apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica, implicando un potencial costo para el sistema de salud y una carga pública para el Estado norteamericano.
La directiva en cuestión instruye a los funcionarios consulares a considerar no elegibles para el ingreso a Estados Unidos también a toda persona que haya alcanzado la edad jubilatoria, por la cantidad de dependientes que tenga a su cargo (padres, hijos), y si alguno de los dependientes a cargo requiere atenciones especiales o posea alguna discapacidad.
Para los inmigrantes que solicitan visas para residir de forma permanente ya era un requisito el someterse a exámenes médicos realizados por profesionales aprobados por el Gobierno, en el que se les realizaban pruebas para detectar enfermedades contagiosas y se les requería completar un formulario en el que, entre otras consultas, se les preguntaba por antecedentes en problemas de salud mental, vacunación contra enfermedades infecciosas (sarampión, poliomielitis, hepatitis), o en consumo de alcohol o estupefacientes.
Ahora, estas restricciones se amplían considerablemente, sumando a una pregunta clave en el cuestionario sobre la capacidad económica para afrontar un tratamiento médico sin requerir la asistencia estatal.
Otros cambios sustanciales en las visas es el tiempo de estadía. Otra iniciativa nueva adicional a la mencionada es la que el Departamento de Seguridad Nacional puso en consideración publica por la cual se modificarían los tiempos de estadía de algunos tipos de visados.
Los estudiantes con visa F podían permanecer en Estados Unidos el tiempo que durase su carrera, esto sería modificado imponiendo un límite de 4 años como máximo. El cambio más drástico se daría en las visas I, las usadas por periodistas, que otorgaba permiso por 5 años y sería reducida a solo 240 días (8 meses) con la posibilidad de ser prorrogada.
En su defensa, el gobierno norteamericano, a través de su vocera Anna Kelly, informa que «durante 100 años, el Departamento de Estado incluyó la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes. Esta política finalmente aplicada en su totalidad está priorizando a los estadounidenses».
Por lo tanto, desde enero de 2026 se les otorga a los funcionarios la potestad de rechazar las visas por “estado de salud” si estos requisitos no son considerados cumplidos por el solicitante.