(Por Juan Manuel Colombo) Haciendo uso de las facultades delegadas que vencen en los próximos días, el Gobierno avanzó sobre una serie de organismo descentralizados quitándoles su autonomía y autarquía y degradándolos para ser absorbidos por los ministerios.
Ese es el caso puntual del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que a partir de hoy, con el decreto 462/25 pasa a ser una unidad organizativa de la Secretaría de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que se convirtió en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En esta misma bolsa podemos poner al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al Instituto Nacional de la Semilla (Inase), al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y a Vialidad Nacional, para citar algunos ejemplos.
Si bien el decreto y en boca del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que es quien llevó adelante todas estas reformas, habla sobre competencias, burocracia, superposición de funciones, militancia y otros aspectos, hay un concepto común en todos ellos: sobredimensionamiento. Esto es, que entiende que los organismos son más grandes de lo que deben ser.
Este aspecto es central, porque si el ministro entiende que dichas instituciones están sobredimensionadas, se desprende que lo que va a hacer el Gobierno es achicarlas, recortarlas y ajustarlas y las degradó para que no haya mecanismos propios de los organismos que lo impidan.
Por ejemplo, del INTI dice que hoy «cuenta con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones (intentamos transferirlas a la UIA pero declinaron la invitación). Su estructura es tal que tiene áreas que llegan a supervisar hasta siete unidades funcionales inferiores. El 20% de sus departamentos son puramente administrativos, y su área de administración concentra el 30% del personal, siendo este un ratio muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones».
«La transformación del INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica la eliminación de sus estructuras administrativas sobredimensionadas, conservando exclusivamente al personal técnico necesario para cumplir con sus funciones esenciales. Se pone fin así al modelo utilizado durante años para acomodar militantes y gremialistas, y se lo reconduce hacia funciones básicas de metrología y definición de estándares», agregó. O sea, lo que se viene es un recorte fenomenal.
Del INTA, Sturzenegger argumenta lo siguiente: «La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación».
Pero el ministro no solo apunta a su achique, sino que va por un botín más grande, que son sus campos. «El INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre», sostuvo, dejando la puerta abierta a disponer de esas 75.000 hectáreas que, según él, no se saben para qué se usan.
La misma argumentación se utiliza para el resto de los organismos justificando su disolución o degradación. Lo cierto es que la incógnita es si con sus nuevas estructuras podrán seguir con sus funciones o esto se convertirá en un certificado de muerte.