Las provincias productoras de biocombustibles también entraron en estado de alerta por el contenido del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que en considerandos del Gobierno nacional pretende impulsar la profundización de la libre comercialización, competencia y ampliación de los mercados de los biocombustibles en todas sus formas, presentes y futuras.
La ley que regula este sector es un incentivo desde 2006 para numerosos proyectos de inversión con fábricas emplazadas en pequeñas localidades del interior, abocadas a producir biodiesel a partir del aceite de soja, en el caso de Santa Fe, y al bioetanol a partir del maíz en Córdoba, y de la caña de azúcar en el NOA.
Más allá de las promesas de corrección a las provincias, las alertas siguen en pie, porque en caso de prosperar lo dispuesto por la ley, en el capítulo de Biocombustibles, va a impactar negativamente en toda la industria, “generaría un retroceso y le dejaría al sector petrolero una absoluta discrecionalidad de cómo, cuánto y cuándo cortar los combustibles fósiles con biocombustibles”, expresaron fuentes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
La industria de biocombustibles desempeña un papel fundamental en el corte obligatorio establecido por el régimen de biocombustibles, utilizando biodiesel y bioetanol producidos a partir de materias primas renovables como aceite de soja, caña de azúcar o maíz, por lo que “borrar todo el marco regulatorio” amenaza con la continuidad del sector. La industria de los biocombustibles. emplea de forma directa más de 4.000 personas, y otras 120.000 mil fuentes de manera indirecta en toda la cadena de valor regional asociada.
El Centro Azucarero Argentino de similar manera consideró “grave la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030. Se enfrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera», argumentaron contra la iniciativa.
Para el sector, de aprobarse las modificaciones propuestas, “el gran beneficiado sería la industria petrolera que obtendría una discrecionalidad sin precedentes en la producción y el corte de combustibles”, tal como expresaron los distintos actores del sector al entender que la iniciativa es “perjudicial” para las provincias productoras ya que le deja al criterio de la Secretaría de Energía la posibilidad de colocar un corte de alcoholes y naftas que no tiene que ser más allá del 12%.
El proyecto de ley elimina ocho artículos de la Ley 27.640 y desregula casi en su totalidad la actividad, lo que haría peligrar a las pequeñas y medianas empresas que fabrican biodiésel y bioetanol, según alertaron. Así se liberan precios y cupos, con porcentajes de mezcla que se mantendrían provisoriamente en 7,5% en biodiesel y en 12% en etanol.
También abre las puertas a la importación, habilita a las empresas petroleras también a ser parte activa del negocio de venta de biocombustibles y que grandes exportadoras puedan abastecer el mercado local. Y otro de los cambios que perjudica la competitividad de los productores locales es la derogación del artículo que los eximía del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos por menor huella de carbono, de manera que quedarían en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles, lo que generará un encarecimiento mayor y desalentará su desarrollo.
En la industria se asegura que esos avances sobre la ley vigente significaría un grave perjuicio a la continuidad del sector, al ponerse como ejemplo la rigurosidad de otros países líderes en producción de biocombustibles, como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, que aplican un marco regulatorio estricto para salvaguardar sus industrias. El biodiesel argentino de exportación es de los más competitivos del mundo, por barreras arancelarias no puede vender a Estados Unidos ni Perú, y tiene un cupo restringido en Europa, por justamente defender a una industria que aporta al desarrollo de las economías regionales.