En el marco del ingreso al Congreso de una nueva versión de la denominada “Ley de Bases”, desde el GAPP – Grupo Argentino de Proveedores Petroleros – expresó la inquietud por «la desprotección del entramado productivo local en algunos artículos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ante las asimetrías industriales estructurales existentes».
La entidad manifestó que el nuevo proyecto no incluye cambios respecto de la versión original y mantiene como beneficiarios del régimen a otros sectores a la actividad petrolera, minera y energía entre otras.
El mismo contempla la desgravación arancelaria para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional.
En este sentido, el Grupo alertó a los distintos bloques legislativos sobre el potencial impacto que tiene esta medida sobre la industria de la cadena de valor de petróleo, minería y energía; un sector que implica más de 37 mil puestos de trabajo directos, más de U$D 230 millones en exportaciones y U$D 310 millones en inversiones durante el 2023.
El GAPP, como entidad industrial referente, vela por los intereses de las PyMEs del entramado productivo nacional, y promueve espacios de diálogo que impulsen el desarrollo de las mismas, fomentando la innvación tecnológica y empleos de alto valor agregado como propuesta de solución a los desafíos macroeconómicos actuales.
Un dato llamativo ilustra el interés del Gobierno: de los 870 artículos originales del Proyecto de Ley de “Bases”, se pasa ahora a unos 269 artículos; no obstante, el RIGI mantiene sus 65 artículos anteriores y encima agrega 4 más.
Se trata, pues, de una muestra explícita de la relevancia que el PEN le otorga al régimen de incentivo de grandes inversiones (ello, a pesar de su narrativa liberal-libertaria, que no debería centrarse en mecanismos de promoción estatal).