(Por redacción País Productivo) El proyecto de una nueva ley de biocombustibles promovido por senadores de La Libertad Avanza abrió una fuerte discusión dentro de la industria energética y agroindustrial, con posiciones enfrentadas entre las grandes compañías exportadoras y las pymes que abastecen al mercado interno.
La iniciativa fue presentada en las últimas horas por un grupo de legisladores oficialistas encabezados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y apunta a reemplazar el régimen vigente por un esquema con mayor apertura y competencia.
Entre los principales cambios, el proyecto contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% a partir del año siguiente a la eventual aprobación de la ley.
Además, introduce una modificación considerada clave para el sector: habilita a grandes empresas integradas —entre ellas agroexportadoras y aceiteras con producción propia de biodiésel— a participar del abastecimiento del mercado doméstico, un segmento hasta ahora reservado principalmente para pequeñas y medianas empresas.
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que nuclea a las principales exportadoras del rubro, celebraron la propuesta oficial y destacaron “la decisión del gobierno de presentar un proyecto de biocombustibles claramente superador al actual”.
La entidad sostuvo que el esquema vigente perjudica la competitividad del sector. “Contrariamente a lo que sucede en todos los países del mundo la ley actual define cupos por empresa y un precio regulado que se construye en base a los costos de la planta menos eficiente del sistema. Eso genera un precio al consumidor altísimo que implica un enorme costo para los consumidores y golpea la competitividad de la economía del país”, señalaron.
En la misma línea, Carbio cuestionó las restricciones que impiden a las plantas exportadoras vender en el mercado interno. Según indicaron, “hoy se da la absurda paradoja de que mientras se encuentran paradas todas las plantas más eficientes de biodiesel del país, que han sido discriminadas por Ley para vender en el mercado doméstico, los argentinos estamos obligados a comprar ese producto hasta un 20% más caro que la paridad de exportación a un grupo de empresas beneficiadas desde hace 20 años con este esquema y en que en algunos casos tienen varias plantas por grupo económico”.
Para las grandes compañías exportadoras, la apertura del mercado permitiría una reducción de costos y una mayor eficiencia productiva. En ese sentido, desde la cámara afirmaron que el proyecto impulsado por LLA “nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia con reglas parejas para todos los actores lo que generara el desarrollo de un sector en donde el país tiene una gran oportunidad de crecer”.
Sin embargo, la propuesta recibió un rechazo inmediato de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel que hoy operan exclusivamente en el mercado interno.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que la iniciativa “condena a la quiebra” a buena parte del entramado pyme del sector.
Desde la entidad aseguraron que “su aprobación implicaría la desaparición de 25 empresas pymes radicadas en el interior del país, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo directos y otros 8.000 indirectos en localidades de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe”.
Las empresas regionales sostienen que la competencia planteada por el proyecto resulta desigual frente a las grandes aceiteras y petroleras integradas verticalmente. “El texto está redactado a medida de las grandes aceiteras y las petroleras. Al eliminar los cupos y precios regulados del mercado interno, las pymes quedan obligadas a competir contra empresas integradas que son, a la vez, productoras de la materia prima y tienen una escala de producción hasta diez veces superior. Esa competencia es imposible y el resultado es previsible: la concentración de todo el negocio en manos de los mismos grandes grupos económicos”, afirmaron desde Cepreb.
Otro de los cuestionamientos apunta al impacto jurídico y económico que tendría una modificación anticipada del régimen vigente. Las pymes remarcan que realizaron inversiones y ampliaciones productivas bajo las condiciones establecidas por la actual normativa.
En ese sentido, desde Cepreb señalaron que el proyecto “viola la seguridad jurídica”, ya que “la Ley 27.640 de Biocombustibles está vigente y tiene plazo de vencimiento en 2030. Las pymes invirtieron y generaron empleos bajo ese marco legal. Terminarlo seis años antes no es desregulación: es romper contratos con el sector productivo del interior, en beneficio de quienes planificaron sus negocios con destino a la exportación”.
Con el debate ya instalado, el nuevo proyecto promete profundizar la disputa entre quienes defienden una apertura total del mercado y quienes reclaman sostener mecanismos de protección para las pymes del interior. La discusión comenzará ahora a trasladarse al Congreso, donde el oficialismo buscará reunir apoyos para avanzar con una reforma que divide al sector de los biocombustibles.