En el marco de la demanda creciente de minerales asociada a la transición energética, la Argentina cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos del sector minero. No obstante estas condiciones favorables, la contribución de la actividad minera a la generación de capacidades tecnológicas y productivas a través del desarrollo de proveedores se encuentra por debajo de su potencial.
Un trabajo de la organización Fundar elaboró una serie de propuestas y recomendaciones de políticas para fomentar el desarrollo de proveedores, la que debe estar enmarcada dentro de una estrategia para el sector en su conjunto codesarrollada, negociada y acordada entre los diferentes niveles de gobierno, las empresas mineras, las empresas proveedoras, y los actores del sistema público de ciencia y tecnología.
Esa estrategia, que probablemente requiera modificaciones al régimen que regula actualmente el sector, debería estar coordinada federalmente entre Nación y provincias, de manera de superar los problemas de coordinación identificados en este trabajo.
En este escenario, se identifican una serie de iniciativas prioritarias dentro del marco regulatorio existente, como así también reformas que resulta deseable explorar en el mediano y largo plazo.
Entre las iniciativas con prioridad se destacan: (i) reforzar el requerimiento de presentar un Plan de Participación de la Industria Nacional (PPIN) como condición para acceder a la estabilidad fiscal y cambiaria por parte de las empresas operadoras de proyectos mineros; y (ii) ampliar el requerimiento de exigir la presentación de un PPIN a los beneficios de importar bienes de capital libre de aranceles al amparo del Art. 21°de la LIM.
Por su parte, las propuestas de mediano y largo plazo se enmarcan en el objetivo de desarrollar una verdadera política federal de desarrollo de proveedores para minería, la cual requiere, como se señaló, la construcción de consensos entre actores públicos y privados. Esa política podría apalancarse en el establecimiento de condicionalidades para el acceso a los beneficios tributarios y fiscales contemplados en la LIM.
La experiencia internacional indica que las condicionalidades son efectivas si el Estado, en sus diferentes niveles, incentiva, apoya y facilita a las empresas el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco normativo. Con este objetivo, se propone la implementación de un régimen federal informativo sobre la demanda minera y la oferta de proveedores.
Dicho régimen debiera centralizar y poner a disposición de las autoridades de aplicación la información que hoy se encuentra dispersa entre un sinnúmero de regímenes informativos, gestionados por diversos niveles de gobierno.
Asimismo, se proponen iniciativas orientadas a aprovechar el potencial de innovación existente en el sistema científico-tecnológico y en las empresas mediante una mayor articulación público-privada, destinada a resolver problemas productivos, sociales y ambientales, tanto del sector minero como comunes a otros sectores.