(Por Daniela Russo) Los buques de pesca congeladores de langostino están amarrados hace seis meses. En medio de este conflicto, el Gobierno decidió autorizar la importación desde Ecuador de una especie de cría intensiva llamada vannamei. Ante la paralización de la flota congeladora y la imposibilidad de cumplir con los compromisos de exportación, desde el Ejecutivo tomaron la decisión de permitir que entren langostinos importados para suplir la demanda internacional.
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y las principales cámaras empresariales confirmaron que se importarán hasta 80.000 toneladas de vannamei cultivado en Ecuador para cumplir con envíos a España, China, Francia, Portugal e Italia: un golpe bajo para la producción nacional y la entrada de divisas.
El origen del conflicto: según las patronales, los números no cierran
La temporada de pesca de langostinos para congelar y luego exportar suele empezar en marzo y este año hay aproximadamente 110 buques frenados que paralizan la industria del langostino congelado, afectando profundamente al sector y a la entrada de divisas vía exportación para el país, que genera unos US$ 600 millones anuales la actividad pesquera del langostino congelado.
Tanto la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), como la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), expresan que el problema radica en un convenio de trabajo antiguo, el cual les permite a los trabajadores del sector cobrar un sueldo fijo en pesos y una parte de la producción en dólares.
Según dicen los representantes de estas cámaras, hoy los números no les cierran a las empresas, que alegan que se los costos se les están yendo de las manos y que hay que modificar el convenio colectivo.
Esta paralización de los buques y, por ende, de la producción está provocando grandes pérdidas económicas en lo que respecta a entrada de divisas y dejando sin trabajo a más de 5.000 empleados del sector pesquero.
Según Eduardo Boiero, presidente de Capeca, el eje del conflicto radica en que las condiciones laborales fijadas en el convenio colectivo -vigente desde 2005- establece un esquema de participación en las ganancias de parte de los trabajadores calculado sobre un precio de langostino que hoy ya no es el mismo, si no que bajó muchísimo: este esquema fue fijado en una época en que el kilo de langostino valía alrededor de US$ 10 y hoy no llega a US$ 5,50; o sea, el convenio quedó atado a un negocio que cambió muchísimo y hoy día se está discutiendo esa cláusula.
Los gremios plantean que los convenios no se tocan nunca hacia la baja, pero para Boiero se pone en riesgo toda la actividad con las condiciones que plantean los sindicatos. En otras palabras: las patronales están queriendo hacer recaer la responsabilidad del riesgo de la actividad en los trabajadores que quieren defender su salario en un contexto en el cual el ingreso rinde cada vez menos.
Desde los sindicatos no se llega a ninguna resolución
El 6 de junio último el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) decretó un cese de actividades debido a que se venció la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano.
El comunicado oficial firmado por el secretario general del gremio, Raúl Omar Durdos, sostiene que no se alcanzó recomposición salarial desde el 1 de abril. Las cámaras del sector congelador anunciaron que solo se pagarán los primeros seis días trabajados en junio debido a la adhesión al paro.
Desde el 13 de junio, el sindicato está en negociaciones con el Gobierno. Hubo una reunión convocada por gobernadores en la Secretaría de Trabajo de la Nación en la cual participaron los mandatarios provinciales de Chubut, Santa Cruz, Corrientes, Catamarca y dirigentes del SOMU.
El objetivo era destrabar el conflicto vigente por el tema del convenio colectivo de trabajo, pero todo quedó en un gesto político y nada más. El encuentro no contó con la presencia de las cámaras empresarias del sector, las cuales son las que tienen los permisos de pesca y la propiedad de los buques; tampoco se hicieron presentes actores claves del Gobierno nacional.
De parte de los dirigentes gremiales hubo una mucha expectativa al respecto de esta reunión, pero no se llegó a ninguna resolución. Todo sigue igual: las cámaras empresarias proponen una rebaja del 30% en los valores de referencia del langostino congelado a bordo (aquel esquema de participación de parte de los trabajadores en las ganancias directas de la pesca), la cual es rechazada por completo desde el SOMU. El sindicato dice que no van a aceptar que el valor de referencia del esquema baje.
“El lock-out patronal -señaló el SOMU en un comunicado- no solo afecta al personal embarcado representado por SOMU, Centro de Patrones y Siconara, sino también a miles de trabajadores en las plantas pesqueras que hoy se ven impedidos de cumplir sus tareas debido a amenazas empresariales”.
El 25 de junio, el secretario de Pesca del SOMU, Ángel Juan Navarro, expuso en una sesión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados: “Lo que está sucediendo en el sector pesquero, la grave situación que están pasando los trabajadores, es por la extorsión que están aplicando las empresas, que no sacan los barcos a pescar si no se rebaja en un 30% el valor del sueldo proporcional por producción”.
Una movilización del sindicato en cuestión tuvo lugar el 26 de junio, cuando los trabajadores se congregaron en la sede gremial ubicada en Perú al 1600 y marcharon hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “Pesca no a la baja”.
Pero no todo es unión en el gremio: La marcha convocada por el “oficialismo” del SOMU mostró que hay grietas y rispideces internas que se van notando cada vez más. Se cortaron las negociaciones entre las cámaras empresarias, el gobierno y el sindicato y no se llegó a ninguna resolución. Los marineros están viendo que el gremio no tiene ningún plan alternativo y la posibilidad que no haya temporada es cada vez más certera, lo cual preocupa a muchos trabajadores y a sus familias.
Además, hay marineros independientes que no se ven representados por el sindicato, nucleados bajo una organización llamada “Salgamos a pescar ya”, los cuales denuncian la situación por la que están pasando.
«Nuestra prioridad es volver a trabajar: el marinero no tiene espalda«, expresó un trabajador de la pesca, que denunció la falta de respuestas por parte del sindicato SOMU y cuestionó el abandono que sufren los marineros, quienes —según sus palabras— «arriesgan su vida cada vez que salen al mar».
Además, criticó duramente la falta de transparencia en las negociaciones sindicales y reclamó que los dirigentes actúen con responsabilidad: “Mi libreta dice marinero, no sindicalista. Mi trabajo es tirar la red con temperatura bajo cero, el de ellos es negociar.”
Vía libre para la importación de langostino
Con respecto a la apertura de la importación de langostinos cultivados en Ecuador, analizando sus impactos y sus controversias, se trata de una medida excepcional para sostener los contratos internacionales durante la emergencia gremial.
Sin embargo, la decisión genera preocupación por los posibles efectos a largo plazo en el sector local: pérdida de empleo, debilitamiento de la pesca nacional y riesgo de reemplazar definitivamente el langostino producido en Argentina.
¿Cuáles son las razones principales por las cuales desde el Gobierno se autorizó la importación? La primera, ya sabida, es que la flota tangonera congeladora está paralizada desde marzo por la crisis laboral y costos elevados. Además, existe rentabilidad negativa, ya que el costo local de producción supera el precio de venta internacional y eso genera pérdida. Por último, el costo competitivo de importación: el langostino vannamei ecuatoriano puede comprarse a US$ 4 por kilo, revirtiendo la rentabilidad.
Hubo diversas voces en contra de la decisión de importar langostinos, tanto desde el sector gremial como de otras entidades, y la medida fue habilitada por altos funcionarios del Gobierno.
Las cámaras pesqueras impulsaron la medida como una alternativa para cumplir contratos internacionales y enfrentar costos operativos elevados. El presidente de Fulasp, Raúl Matías Cereseto, afirmó que los gremios no dieron respuestas satisfactorias y que la importación se presentaba como única salida.
El plan de importación se enmarca en la política de apertura comercial e importadora del gobierno encabezado por el Presidente Javier Milei.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apoyó públicamente la flexibilización de importaciones (incluyendo productos pesqueros como langostinos) y sostuvo que reduciría costos operativos.
La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, entidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, evidenció su colaboración: no sólo monitoreó las importaciones, sino que participó en reuniones con la embajadora ecuatoriana en Argentina, Diana Salazar Méndez, para cerrar el acuerdo por 80.000 toneladas.
Hasta el día de hoy no se ha llegado a ninguna resolución que beneficie a los trabajadores. No solo es una problemática en torno a los salarios, también es parte del conflicto de darle vía libre a la importación que reemplaza la producción nacional.