(Por redacción País Productivo) El oficialismo modificó su estrategia para intentar garantizar la aprobación de los cambios a la Ley de Tierras en el Senado y ahora impulsa elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros, en lugar de eliminar por completo esa restricción. La nueva propuesta apunta a sumar el respaldo necesario de los bloques aliados de cara a la sesión prevista para este jueves.
El nuevo borrador comenzó a circular entre senadores libertarios y legisladores aliados cuando restan pocos días para la reanudación del cuarto intermedio dispuesto por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La iniciativa representa un giro respecto del proyecto original, que buscaba suprimir el tope vigente desde 2011 para la propiedad extranjera de tierras rurales.
Cómo informó Ámbito.com, el cambio de criterio responde a la necesidad del Gobierno de evitar que la reforma fracase en el recinto. En lugar de eliminar el límite del 15%, el texto ahora propone ampliarlo en 10 puntos porcentuales, hasta alcanzar un máximo del 25% en cada provincia.
El borrador establece que: «La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia».
La modificación implica dejar de lado uno de los principales ejes del proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La versión original sostenía que la eliminación de los límites encontraba respaldo en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos, incluyendo la posibilidad de poseer, comprar y vender bienes inmuebles.
Con la nueva redacción, sin embargo, continuará existiendo un límite cuantitativo para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque el porcentaje permitido aumentaría del 15% al 25%, manteniendo una restricción que rige desde hace casi 15 años.
Según trascendió, la nueva propuesta fue negociada por Patricia Bullrich con sectores aliados al Gobierno y posteriormente comunicada a la Casa Rosada. La modificación surgió ante la posibilidad concreta de que la iniciativa no reuniera los apoyos suficientes para ser aprobada.
Las resistencias al proyecto original, tanto en sectores de la sociedad civil como entre legisladores que hasta hace pocos días acompañaban al oficialismo, complicaron el panorama parlamentario. En ese contexto, fuentes del Senado señalaron: «Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo».
Hasta el domingo, el oficialismo calculaba contar con entre 34 y 35 votos, cuando necesitaba al menos 36 para aprobar la iniciativa sin sobresaltos. Ese escenario obligó a revisar el texto para intentar atraer nuevos respaldos antes de la sesión.
El debate también está condicionado por la situación institucional prevista para este jueves. Mientras el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y la sesión será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Villarruel ya manifestó públicamente su rechazo a la propuesta original y llegó a afirmar que el Gobierno pretendía «rifar» al país.