(Por redacción País Productivo) La Cámara de Exportadores (CERA) dio a conocer su Estrategia Nacional de Exportaciones, un ambicioso plan que reúne 248 iniciativas destinadas a reactivar el comercio exterior argentino.
Según las estimaciones de la entidad, la aplicación de estas medidas permitiría generar ingresos adicionales por US$ 15.760 millones hacia el año 2030.
Desde la organización, que agrupa a las principales empresas proveedoras de divisas del país, advirtieron que las ventas externas atraviesan más de diez años de estancamiento. En ese marco, plantearon la necesidad de una “reforma actitudinal” que modifique la percepción sobre el rol de las exportaciones en la economía.
CERA remarcó que las políticas públicas vinculadas al sector no deberían limitarse a cubrir urgencias fiscales coyunturales. Por el contrario, sostuvieron que el comercio exterior debe asumirse como un eje central para la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo productivo sostenido.
Entre las propuestas más relevantes figura la creación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) específico para exportadores. La iniciativa apunta a ampliar la oferta exportable mediante beneficios impositivos y cambiarios, en un contexto donde cinco productos concentran el 40% de las exportaciones sobre un total de 5.000 posiciones arancelarias.
En paralelo, el Gobierno anunció que el proyecto de Ley de Modernización Laboral incluye el Régimen de Incentivo a la Mediana Inversión (RIMI). Desde la Cámara señalaron que muchas firmas exportadoras podrían acceder a este esquema, ya que el umbral mínimo de inversión, fijado en u$s150.000, resulta alcanzable para gran parte del sector.
Otro de los reclamos centrales apunta a la situación fiscal. CERA pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avance con un programa de regularización de deudas, cuyo impacto, según la entidad, sería comparable al del superávit fiscal en discusión con el Ejecutivo.
Al respecto, el presidente de CERA, Fernando Landa, explicó que los exportadores acumulan atrasos de aproximadamente seis meses en reintegros y devoluciones de IVA. “Los reintegros se pagan en dólares, pero el IVA no”, señaló, al describir una de las principales distorsiones del sistema actual.
A fines de noviembre, el Ministerio de Economía intentó dar respuesta a esta problemática mediante una resolución que habilita la dolarización optativa de deudas vinculadas a retenciones, IVA y otros beneficios. La medida, que funcionaría como un seguro de cambio por unos u$s1.500 millones, permite la adhesión hasta marzo de 2026, aunque algunas empresas manifestaron reparos sobre su implementación.
Como alternativa, desde CERA propusieron avanzar hacia una cuenta corriente tributaria única, que permita compensar automáticamente créditos y obligaciones fiscales. El objetivo es evitar que estos desfasajes se acumulen y sigan condicionando la actividad exportadora.
Las demoras impositivas, sumadas a trabas burocráticas y costos operativos, terminan estableciendo un límite práctico a las exportaciones. Actualmente, unas 9.200 empresas venden al exterior, un número prácticamente idéntico al de hace una década. Este escenario refuerza la concentración en pocos sectores, como los productos primarios y el complejo de Oil & Gas, mientras la diversificación y la apertura de nuevos mercados avanzan con lentitud.
Las propuestas
Eliminar la obligación de liquidar divisas: CERA señaló que Argentina es una anomalía a nivel internacional al exigir al sector privado la liquidación del 100% de los dólares provenientes de exportaciones. Según Fernando Landa, esta exigencia genera una asimetría jurídica, ya que otros sectores que operan en dólares dentro del mercado local, como los servicios, no enfrentan la misma obligación.
Profundizar la reducción de los derechos de exportación: la Cámara remarcó que solo siete países en el mundo obtienen más del 5% de sus ingresos fiscales a partir de retenciones. De ese grupo, apenas cuatro aplican una carga superior a la argentina: Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea Bissau y Bahamas.
Actualizar los reintegros a las exportaciones: el planteo apunta a que estos mecanismos compensen de manera efectiva la incidencia de los impuestos indirectos. El documento advierte que en algunos sectores, como el lácteo, el petroquímico, el siderúrgico y el aluminio, los reintegros son directamente inexistentes.
Eliminar exigencias administrativas ajenas a la Ley de IVA: CERA cuestionó la Resolución General AFIP (hoy ARCA) Nº 5173/2022, al considerar que impone requisitos no previstos en la normativa vigente para acceder a la devolución del IVA exportador.
Normalizar la deuda del Estado con el sector exportador: desde 2024 se registran demoras persistentes en la devolución de saldos a favor de IVA y reintegros de impuestos indirectos, una situación que impacta negativamente en la liquidez y el normal funcionamiento de las empresas.
Avanzar en una Cuenta Corriente Única Tributaria: la propuesta busca integrar los sistemas impositivo y aduanero para permitir compensaciones automáticas, reducir trámites y mejorar la administración fiscal de los exportadores.
Resolver cuellos de botella en la facilitación del comercio: entre las prioridades se destacan la puesta en marcha del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CONFAC), la digitalización integral de los trámites y la modernización del sistema informático de la Aduana.
Ordenar la gobernanza y la institucionalidad logística: la entidad alertó sobre la falta de definiciones estratégicas, como la licitación de la Hidrovía, pendiente desde 2021, y la situación de las terminales portuarias de Buenos Aires, cuya concesión fue prorrogada sin un nuevo proceso licitatorio desde 2018.
Destrabar la agenda del Mercosur: CERA reclamó consensos que permitan superar el estancamiento del bloque regional y definir una posición clara frente al proceso de adhesión de Uruguay al CPTPP.
Sostener la inserción internacional: la Cámara subrayó la necesidad de mantener una participación activa en foros como el G20 y el Acuerdo de París, además de priorizar el ingreso de la Argentina a la OCDE como parte de una estrategia de integración global.