(Por redacción País Productivo) La renuencia al aumento de la presión tributaria tiene activo a todos los sectores de la economía a lo largo y ancho del país. Es por eso que la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresó su «absoluto rechazo y preocupación ante el incremento de tasas y fondos y la adopción de criterios inconstitucionales que distintos municipios de la provincia pretenden imponer a las industrias».
En un comunicado, la entidad cordobesa solicitó firmemente que «las tasas reflejen de manera justa los servicios efectivamente prestados, evitando convertirse en una carga que afecte la vitalidad de los sectores productivos de nuestra región».
«En un contexto donde las industrias cordobesas enfrentan enormes desafíos para mantener su competitividad y generar empleo en una economía que se recupera lentamente, la imposición de tasas injustificadas constituye un golpe directo a la capacidad de inversión, innovación y crecimiento del sector. Estas políticas desmedidas comprometen la estabilidad de miles de empleos y la sostenibilidad económica de nuestras comunidades», advirtió la UIC.
Es por eso que la entidad solicita a los municipios que «revisen sus políticas tributarias y adopten esquemas de financiamiento que no sobrecarguen a las industrias, empezando por una revisión integral de sus gastos. Las tasas deben ser razonables, proporcionales y responder a servicios reales» y advirtió que «cualquier desviación de este principio representa un acto que la UIC no dudará en denunciar».
Necochea
Pero no solo en Córdoba los sectores productivos se quejan del aumento de presión tributaria por parte de los municipios. En Necochea, el Consejo Deliberante del partido creo la «Tasa Portuaria» para el mantenimiento de la red vial urbana municipal, lo cual, según entidades del agro, encarecerá la exportación de granos que se despachan desde el puerto de Quequén.
“Desde Coninagro no estamos de acuerdo con la creación de nuevos tributos, con fines meramente recaudatorios y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público, que termina pagando el contribuyente de una u otra manera», se quejó Coninagro.