(Por redacción País Productivo) El Gobierno modificó las condiciones para que las empresas puedan ser consideradas proveedoras locales dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y eliminó el requisito de contar con al menos un 51% de capital argentino.

La medida, formalizada mediante el decreto 1366/26, busca ampliar la oferta de bienes y servicios para los grandes proyectos de inversión y facilitar la integración de compañías a sus cadenas de abastecimiento.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de cambios regulatorios impulsados por el Ministerio de Economía para acelerar el desarrollo de proveedores. Hasta ahora, las firmas debían tener mayoría de capital nacional para acceder a esa clasificación. Con la nueva normativa, una compañía extranjera podrá constituir una sociedad en Argentina y participar de los proyectos bajo la categoría de proveedor local.

«El Gobierno parece advertir que el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no puede quedar a merced de las empresas con Vehículo de Proyecto Único (VPU) y que debe ‘hacer política’ para agilizar la participación local», señaló la consultora Paspartú Ámbito.com. La firma vinculó esta estrategia con las rondas de negocios que organiza Economía para acercar a las grandes inversiones con empresas nacionales.

Sin embargo, la flexibilización también abrió interrogantes sobre sus consecuencias para la industria argentina. «La duda al respecto es si la calificación como ‘local’ de una empresa extranjera domiciliada en el país no terminará perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo», advirtió Paspartú. En la misma línea, Federico Palavecino, socio de MHR, explicó que la modificación responde a que la composición accionaria no debería convertirse en una barrera para integrar las cadenas de suministro de los proyectos.

El especialista también planteó que limitar la oferta a compañías de mayoría de capital argentino, especialmente en actividades que requieren tecnología avanzada y grandes inversiones, podría generar dificultades de abastecimiento. Según señaló, esos obstáculos podrían comprometer los tiempos de ejecución y las condiciones exigidas para mantener los beneficios del RIGI. Además, consideró que el cambio podría generar resistencia entre proveedores nacionales que estaban preparando inversiones para alcanzar la escala necesaria.

En paralelo, Economía anunció la segunda Ronda de Negocios del RIGI, prevista para el 2 de diciembre en San Isidro, con eje exclusivo en hidrocarburos y energía. El encuentro convocará a 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología. La iniciativa apunta a vincular directamente a las compañías que desarrollan los proyectos con potenciales socios de la cadena productiva local.

Actualmente, el sector energético e hidrocarburífero reúne 14 iniciativas aprobadas bajo el régimen: 11 vinculadas con Oil & Gas, por US$49.000 millones, y otras tres correspondientes al segmento energético, por US$706 millones. A ese universo se suman 13 proyectos que permanecen bajo evaluación, de los cuales 11 corresponden a hidrocarburos, por US$117.436 millones, y dos a energía, por US$458 millones.

Por otra parte, el decreto incorporó modificaciones que alcanzan a los 27 proyectos ya aprobados. Entre ellas, estableció nuevas condiciones para las transferencias de acciones, participaciones societarias y fusiones empresariales, además de fijar un plazo de 30 días para que la autoridad de aplicación se expida sobre determinadas operaciones, tras el cual se considerarán aprobadas si no existe una respuesta oficial.

También flexibilizó el ingreso de divisas al mercado único y libre de cambios (MULC), al permitir que tanto la sociedad titular del proyecto como sus socios realicen los aportes de capital. Finalmente, introdujo precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), diferenciando los compromisos globales de inversión de los correspondientes a cada etapa.