(Por redacción País Productivo) Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF presentaron este jueves por la noche un nuevo escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que solicitaron que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones por presuntas demoras en la entrega de información requerida por la Justicia estadounidense.
La presentación fue realizada por Petersen y Eton Park, con el respaldo del estudio Burford Capital, y está vinculada al proceso de discovery, una instancia probatoria que busca el acceso a comunicaciones oficiales. El reclamo se apoya en una orden dictada el 29 de julio de 2025, que obligó al Estado argentino a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios en ejercicio y de otros que ya no ocupan cargos públicos.
Según los demandantes, algunos de los funcionarios alcanzados por la orden no habrían entregado toda la documentación solicitada. En ese marco, sostienen que existen incumplimientos que justificarían la aplicación de sanciones adicionales por parte del tribunal.
El discovery dispuesto por Preska incluyó el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del exministro de Economía Sergio Massa, del actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y del canciller Pablo Quirno, además de otros funcionarios y exfuncionarios nacionales mencionados en el expediente.
El cronograma judicial prevé que la defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, presente su réplica el próximo 19 de febrero. A su vez, los demandantes responderán a ese escrito el 5 de marzo. Las audiencias probatorias están fijadas para los días 23 y 24 de marzo, instancia en la que la jueza podría definir si corresponde declarar el desacato solicitado.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación y afirmaron que el país cumplió con lo requerido por la Justicia. En un comunicado señalaron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”.
En su escrito, Petersen y Eton Park solicitaron cinco sanciones contra el Estado argentino en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012. Entre ellas figuran, además del desacato, la declaración de “alter ego” de distintos entes estatales, sanciones civiles, una presunción adversa por la supuesta falta de evidencia y una multa diaria. Según explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, los demandantes piden “una multa coercitiva de un millón de dólares por día a pagar al tribunal mientras persista el incumplimiento”.
El planteo sobre el “alter ego” apunta a demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) no contarían con independencia operativa ni legal, sino que actuarían como una extensión del Estado nacional. Este argumento ya había sido incorporado como parte de la evidencia del caso tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses.
El proceso de discovery se desarrolla desde 2024 y estuvo precedido por negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En ese período, Burford y Eton Park habían propuesto una lista inicial de 27 funcionarios, que luego fue objeto de contrapropuestas hasta que la jueza Preska definió quiénes debían aportar su información.
En la nueva presentación, los fondos afirmaron que “a pesar de la clara demostración” de la Argentina de su “capacidad práctica para producir estas comunicaciones, se ha negado a presentarlas”. En ese sentido, sostuvieron que “la violación clara e inequívoca por parte de la República de la orden sobre comunicaciones externas cumple plenamente los requisitos para la imposición de sanciones”.
Desde la defensa argentina reiteraron su rechazo al pedido y señalaron que la moción “constituye el intento más reciente de Burford Capital de hostigar” al país mediante solicitudes de discovery que calificaron como “intrusivas y desproporcionadas”. Además, indicaron que la Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas”, mientras se analizan las apelaciones presentadas ante la Cámara del Segundo Circuito de Estados Unidos.