La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cursó una nota a los distintos espacios políticos que conforman el Senado bonaerense a fin de manifestar su disconformidad con la reciente aprobación que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio al proyecto presentado por la diputada Maite Alvado que establece un nuevo método de cálculo para las indemnizaciones laborales.
“Advertimos que la iniciativa, que propone la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 de Procedimiento Laboral de la provincia de Buenos Aires y determina que los créditos laborales que se fijen una vez dictada la sentencia tengan una actualización conforme a la Tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda, resulta desaconsejable e inoportuna”, sostuvo la Entidad en la nota.
Según la CAC, “no solo adolece de falta de fundamento jurídico que lo sustente” sino que también “jugará en forma muy desfavorable en el ámbito de las relaciones laborales”.
Además, señaló que “en un escenario económico y productivo plagado de dificultades, producto de desaciertos acumulados a lo largo de los años, el proyecto que se está tratando resulta a todas luces un nuevo obstáculo para la generación de puestos de trabajo formal”.
La nota plantea que el proyecto en cuestión no solo adolece de falta de fundamento jurídico que lo sustente, haciendo mención a que va en contra de lo dictaminado por la propia Suprema Corte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, sino que -y ante el eventual e hipotético supuesto de convertirse en ley- jugará en forma muy desfavorable en el ámbito de las relaciones laborales.
«En un escenario económico y productivo plagado de dificultades, producto de desaciertos acumulados a lo largo de los años, el proyecto que se está tratando resulta a todas luces un nuevo obstáculo para la generación de puestos de trabajo formal», destacó la entidad.
En el mismo sentido, la CAC agregó: «Entendemos que desde todos los actores sociales se deberá tener la máxima responsabilidad en vista de arribar a decisiones que colaboren en generar alternativas que mejoren la situación del mercado laboral, en especial en las pymes, que generan una porción sustancial del empleo».
En este estado, es que «se debe exigir a nuestros legisladores actitudes sensatas y prudentes en pos de no agravar la situación actual con normas que atenten contra la generación de empleo genuino y forma, concluyól.