Un conjunto de entidades empresariales solicitaron la modificación del Acta 764/22 emitida el año pasado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), bajo el argumento de que «encarece los juicios laborales» y «genera mayor desempleo». El pedido fue formalizado en nombre de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)
No obstante, la semana pasada, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también pidieron suspender la vigencia de esa misma resolución judicial.
En una sintonía similar, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), advirtieron días atrás sobre «los perjuicios que la actualización de los juicios laborales genera sobre el patrimonio de las pymes y su capacidad de producir y seguir generando empleo».
En esta oportunidad, la presentación fue realizada hoy ante la CNAT de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Puntualmente, las entidades patronales pidieron que la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22 se reemplace por una nueva que incorpore «parámetros de mayor razonabilidad».
El escrito puesto en discusión fue oficializado el pasado 7 de septiembre de 2022 por la CNAT. En sus considerandos, resolvió mantener las tasas establecidas en las Actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17, e incorporó una capitalización anual de intereses desde la notificación de la demanda judicial en litigios de índole laboral.
En un comunicado, las representaciones empresariales aseguraron que «la aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo».
Las cámaras sostuvieron que el Acta colisiona con parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y «viola» tres artículos de la Constitución Nacional.