(Por redacción País Productivo) La Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de ley de biocombustibles que propone elevar los porcentajes de mezcla de bioetanol y biodiésel con combustibles fósiles, modificar las condiciones de participación de las empresas y establecer un nuevo esquema de comercialización. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, ahora deberá ser tratada por Diputados para convertirse en ley.
La propuesta introduce cambios en el régimen que regula la producción y el abastecimiento de biocombustibles destinados al mercado interno. Entre sus principales modificaciones, contempla mayores niveles de corte obligatorio, nuevas condiciones para la participación de las compañías y mecanismos que buscan ampliar la competencia entre los productores.
El proyecto apunta a reformular el funcionamiento de una actividad que tiene una fuerte vinculación con las cadenas agroindustriales, en particular por el aprovechamiento de materias primas como el maíz y el aceite de soja. También plantea un marco para incentivar inversiones en la producción de energías renovables.
Qué cambia respecto del régimen anterior
El cambio central está en los porcentajes de mezcla obligatoria. Mientras que la legislación vigente establecía un corte del 12% de bioetanol en las naftas y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, la reforma propone llevarlos al 15% y al 10%, respectivamente, dentro de los 12 meses posteriores a la sanción definitiva.
En el caso del bioetanol, el proyecto mantiene durante el primer año el porcentaje actual del 12%. Luego, la mezcla deberá incrementarse hasta alcanzar el 15%, con una distribución que reserva un 6% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el obtenido del maíz. El 3% restante quedará sujeto a la competencia entre los productores habilitados
La modificación abre la posibilidad de ampliar el mercado para las dos principales cadenas productoras. En el norte argentino, la industria azucarera podría incrementar sus ventas de bioetanol, mientras que en las provincias del centro del país el aumento del corte representa una oportunidad para la producción vinculada al maíz.
Sin embargo, el impacto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes y de las condiciones que establezca la reglamentación. Aunque la suba del porcentaje obligatorio amplía la demanda potencial, el reparto entre los distintos participantes continuará siendo un aspecto determinante.
Para el biodiésel, el proyecto establece que el corte obligatorio con gasoil pasará del 7,5% al 10% dentro del mismo plazo. La reforma también incorpora una transición para las empresas no integradas, principalmente pymes regionales, que tendrán una participación reservada en el mercado durante los próximos años.
El esquema acordado establece que las firmas no integradas contarán inicialmente con una participación del 6,5%. Ese porcentaje bajará al 5,5% en 2029 y al 5% en 2030, hasta llegar al 4% entre 2031 y 2036. A partir de esa etapa, el mercado avanzaría hacia una mayor apertura a la competencia.
La senadora y exsecretaria de Energía Flavia Royón explicó que la iniciativa contempla un período de adaptación para las empresas. “En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló.
Otro de los cambios está relacionado con las condiciones de comercialización. La propuesta busca modificar el sistema de participación de las compañías y avanzar hacia una mayor competencia entre los productores de biocombustibles, en un marco que también apunta a generar previsibilidad para las inversiones.
El texto contempla, además, excepciones al cumplimiento de la mezcla obligatoria de biodiésel para determinados usos del gasoil, entre ellos embarcaciones, minería, centrales eléctricas y operaciones específicas vinculadas con la actividad energética. La autoridad de aplicación podrá incorporar otras excepciones mediante una resolución fundada.
Las repercusiones del sector
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldó la media sanción y calificó como “fundamental” el avance legislativo. La entidad, que reúne a más de 60 cámaras, consideró que la reforma puede impulsar el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la transición energética en el país.
En materia de inversiones, el CAA estimó que la implementación plena de la norma podría atraer “inversiones privadas superiores a los US$ 1.000 millones”, destinadas a ampliar la capacidad instalada, desarrollar tecnología, mejorar la infraestructura logística y generar energías limpias.
La entidad también señaló que el nuevo marco podría favorecer la creación de empleo directo e indirecto y contribuir al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones de combustibles fósiles.
El presidente del CAA, Gustavo Idígoras, sostuvo que “aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles y un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad”.
El dirigente agregó que la iniciativa deberá completar su recorrido parlamentario para que esas oportunidades puedan concretarse. “Queda ahora en manos de la Honorable Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”, afirmó.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) expresó su respaldo al proyecto y destacó que la suba de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, junto con el impulso a la competencia, podría generar beneficios para los consumidores y permitir planificar nuevas inversiones.
El rechazo de las pymes elaboradoras de biodiésel
Una posición diferente manifestó la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que cuestionó el diseño de la reforma. La entidad sostuvo que la normativa “es discriminatoria” y advirtió que “condena al sector a la quiebra”.
En una carta dirigida al presidente Javier Milei, la cámara, que agrupa a pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, afirmó que la iniciativa “amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas”. También rechazó que el proyecto sea presentado como una desregulación, al considerar que favorece a un conjunto concentrado de grandes aceiteras.
“Una ley que fija un corte obligatorio es, por definición, una regulación. El proyecto segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia y programa cronogramas. No elimina la regulación: la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado”, planteó la entidad.
Cepreb aclaró que su rechazo no implica oponerse a una modernización del régimen ni a un incremento del corte de biodiésel. No obstante, advirtió que “la competencia que plantea el proyecto es, por su diseño, imposible de sostener para las pymes”, debido a que el aceite de soja representa el 80% del costo de producción y está controlado por empresas integradas que también podrían competir en el mercado.
“Poner a competir en igualdad a quien fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada”, concluyó la cámara.